Para comparar el funcionamiento de unos y otros servicios municipales hay que partir de tres asuntos: la orientación política, los medios disponibles y la estructura de funcionamiento. De la primera, si nos referimos a la política de vivienda, se ha venido hablando en otras entradas y se volverá a hablar más adelante. Pero corresponde en este apartado tratar de los medios y la estructura de la sociedad pública que la gestiona.
Como en otros casos, no está mal revisar lo que se hace en otras ciudades. Aunque solo sea por evitar el ensimismamiento, y abrir la perspectiva. Y así podemos ver, por ejemplo (como referencia lejana) lo que se hace en una gran ciudad como Lyon. Ver cómo está allí organizado el servicio de la vivienda. Por de pronto, se cuenta con un “plan municipal de vivienda” que lo organiza (Programme local de l’Habitat), de 6 años de duración. Se distinguen varios tipos de viviendas sociales y ayudas (de integración, sociales “tradicionales” o situaciones “intermedias”). Pero en un contexto de formas de tenencia muy diferente al nuestro. El 31% de los hogares tiene vivienda en propiedad; el 37% están de alquiler en viviendas de otros propietarios; y el 29% son inquilinos de vivienda social. Unas cifras, como digo, radicalmente diferentes a las de nuestro país. Y aunque el número de hogares es cuatro veces superior al de Valladolid, se estima que en el Grand Lyon hay nada menos que 45.000 a la espera de una vivienda social.
Lyon tiene 513.000 habitantes, aunque la aglomeración suma 2,9 millones. Y ahí sorprende que los números de algunos programas no disten demasiado de los de nuestras ciudades. Por ejemplo, el fondo de ayuda de emergencia para alquileres impagados: 1,3 millones de euros anual; la lucha contra la vivienda precaria: 3,3 millones de euros; o la lucha contra la pobreza energética: 1,9 millones de euros. Es verdad que hay muchísimos programas, y que lo anterior puede llevar a engaño. Pero resulta llamativo. Como también son curiosos algunos objetivos de su plan de vivienda, como éste: “Mejorar la imagen de la vivienda social”, pues “algunos cargos públicos pueden tener dificultades para obtener el apoyo de sus electores cuando se les propone desarrollar un nuevo programa de vivienda social en sus municipios”. Y proponen, “mediante la comunicación adecuada, sensibilizar a la opinión pública y a todos los implicados para disipar miedos y objeciones”.
Pero si atendemos a la organización del GrandLyon Habitat (un organismo público creado en 1920 por el alcalde Herriot, que es el “propietario social líder” de Lyon, y que gestiona más de 26.000 viviendas), las cifras son espectaculares. Construye una media de 500 viviendas al año (en 2017: 809 viviendas). También se ocupa de rehabilitaciones energéticas (en 2017: 1.859 viviendas). Cuenta con 600 empleados. Se organiza en seis sedes (la central y 5 agencias repartidas por todo el territorio), y se gobierna por un Consejo de Administración de 27 personas, cuyo presidente es designado por el Consejo Metropolitano de Lyon. Hace un par de años, en el verano de 2019, organizaron el “International Social Housing Festival” en Lyon.
Y hablando de este encuentro debemos recordar también la presencia en él de otras ciudades españolas que cuentan con una buena política de vivienda. Sevilla o Bilbao fueron premiadas allí. De hecho, en las reuniones de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo AVS puede seguirse la actividad de muchas otras ciudades españolas con buena política municipal de vivienda, aunque, como digo, en un contexto social y legislativo totalmente distinto al que venimos comentando aquí. (Abajo, tres imágenes de los documentos de vivienda de Lyon, y dos de reuniones de la AVS).
Pero vayamos con nuestro país y nuestra ciudad. La política de vivienda es competencia de las comunidades autónomas. La actuación municipal, en el caso de Valladolid, ha sufrido un importante giro en los últimos años (dirigido en primer lugar hacia quienes más dificultades tienen para acceder a una vivienda). Pero también, en el último año, con acciones de mejora del funcionamiento. La gestión municipal se lleva desde la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo de Valladolid (Viva, que nació en 1993), que en este mismo año ha modificado sus estatutos (hace dos días, el 2 de diciembre de 2021, se elevaron a escritura pública). Pues se ha considerado conveniente su modificación precisamente para ampliar su objeto social, ante las nuevas actuaciones de carácter más social que la sociedad municipal viene desarrollando (aprovechando también para adaptarse al nuevo texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital).
De esta forma, en el art. 2º de los Estatutos, se incorporan como fines propios de la Sociedad “la colaboración y coordinación en los planes sociales municipales”; “llevar a cabo adquisiciones o transmisiones de dominio sobre bienes inmuebles y derechos reales que se estime preciso”; “fomentar la rehabilitación energética y de accesibilidad, tanto en edificios y viviendas de titularidad municipal, como de particulares”; “aquellas actuaciones de contenido social en relación con la materia de vivienda en coordinación con los Servicios Sociales municipales”; “la creación, ampliación, mantenimiento, rehabilitación y gestión del parque municipal de vivienda”; y otros de orden semejante o complementarios. (Abajo, la página web, una página de difusión de compra de viviendas usadas, y el puesto de información en el edificio sede).
Aunque es una sociedad mercantil (100% pública), en los últimos años la dependencia con el Ayuntamiento ha aumentado considerablemente. La relación política es, lógicamente, total (los 9 miembros del Consejo de Administración son concejales de todos los grupos municipales). Las funciones de la Junta General de Socios, órgano deliberante, son asumidas por el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid. Pero la en la relación administrativa también se da una dependencia absoluta. Por otra parte, en 2017 se constituyó la Mesa de la Vivienda, con vocación de ser un órgano informativo, consultivo, de coordinación y participativo que congrega, junto a los grupos políticos y otras administraciones relacionadas con la vivienda, a organizaciones colegiales, asociaciones sociales y organizaciones vecinales, empresariales o sindicales. Por último cabe recordar que el pasado 14 de septiembre se aprobó el nuevo Plan Municipal de Vivienda 2021-2025, en el que se recogen las líneas de la política municipal.
Como decía, en el funcionamiento de esta sociedad también ha habido algunos cambios significativos recientemente. El pasado 5 de noviembre se aprobó por el Consejo de Administración la previsión de ingresos y gastos para 2022: 12,2 millones de euros; lo que supone un incremento del 56% respecto al año anterior. Pero además, en este mismo trimestre se han adoptado otras medidas organizativas (y de futuro) importantes. El 4 de octubre se aprobó una nueva plantilla de personal. Hasta la fecha, VIVA no disponía de un organigrama, una estructura orgánica ni una definición de las funciones del personal. Con la nueva estructura se organizan las siguientes unidades administrativas (organizativas y/o funcionales): Gerente, Secretaría Técnica, Departamento Fiscal, Económico y Financiero; Equipos Técnico y Social y Oficina de Información y Atención. Sumando un total de 22 puestos.
(En las imágenes de abajo puede verse un edificio en construcción de la Sociedad, una asamblea vecinal, la Gerente -Loreto de la Fuente- en la firma de un acuerdo, el salón de Plenos en una reunión de la Junta General, y reuniones de la Mesa de la Vivienda y del Consejo de Administración).
Con todo, completando la actividad realizada en este último año, para los próximos meses los compromisos de trabajo se dirigen hacia las siguientes siete cuestiones (en el ámbito organizativo y de funcionamiento). 1) Según lo permita la tasa de reposición, incorporar nuevos trabajadores, en cumplimiento de la nueva plantilla, y para atender al incremento de trabajo experimentado y previsto. 2) Mejorar la relación funcional con el Ayuntamiento, estableciendo un único contrato-programa para la vigencia del Plan Municipal de Vivienda. 3) Conseguir mayor financiación, procedente tanto de los fondos europeos como de los remanentes de tesorería municipales. 4) Formalizar y reorganizar el parque de municipal de viviendas, aglutinando los distintas componentes actuales. 5) Mejorar la difusión de actividades, la información y la web de la Sociedad (y redacción de guías sobre distintos temas críticos). 6) Incrementar el trabajo con la AVS, estando prevista la organización de una jornada de debate sobre vivienda. Y 7) Mejorar la eficiencia energética del edificio sede. Demasiados objetivos, probablemente.
(Imagen del encabezamiento: la sede de Viva)