1ª. Lo que se plantea es un asunto importante que exige reflexión y responsabilidad, y no debería permitir actuaciones poco serias o escasamente contrastadas. Supone una importante inversión municipal, tanto para la implantación (se ha hablado de unos 10 millones de euros de aportación municipal, como mínimo, y sólo para el edificio) como para el posterior mantenimiento. Implica importantes inversiones de la Junta y del Estado (40 millones como mínimo, sólo para el edificio). Conlleva un notable impacto urbanístico donde pudiera ubicarse, un posiblemente importante impacto económico (y de estímulo a la actividad privada), tendría consecuencias sobre el empleo y, en consecuencia, también tendría consecuencias sociales de otro tipo. Supone, como hemos dicho, destinar una partida importante del presupuesto municipal a esa empresa. Y condiciona, de alguna forma, los recursos de otras administraciones. Los recursos públicos no son ilimitados. Hay que ser cuidadosos con las inversiones. Y construir el futuro adecuadamente. Partimos de la base de que no todo es igual, de que no todas las posibles inversiones han de tener los mismos efectos. Y pensamos que el hecho de dirigir los esfuerzos (públicos y privados) hacia una determinada inversión debe estudiarse cuidadosamente.

2ª. Desde el punto de vista de la economía general de la ciudad las argumentaciones presentadas son insuficientes. Muy poco satisfactorias. Se argumenta (o se da por supuesto) que esta operación diversifica la economía de la ciudad “frente al monocultivo de la automoción”, como señaló en una ocasión el Alcalde. También se dice que la nueva instalación dejará dinero en la ciudad. Pero en ninguna de las declaraciones efectuadas se ha puesto de manifiesto una visión de conjunto de lo que necesita Valladolid desde el punto de vista económico, en este momento.

No vale cualquier cosa. Un palacio de congresos puede ser deseable. También un parador. Pero también, en principio, “la potenciación de servicios personales de alta calidad (atención de niños, mayores, etc.) asociados al concepto Valladolid calidad de vida”, el “desarrollo de actividades económicas vinculadas al cine”, el desarrollo de las “potencialidades de la Lengua española para convertir a Valladolid en la capital del español, explotando y desarrollando la multiplicidad de facetas económicas asociadas a la `Industria de la Lengua”; el desarrollo de “un plan de acción transversal y longitudinal sobre los márgenes del río, de forma que sus orillas den vida cultural, comercial, de ocio y de transporte a un espacio agradable, despejado y accesible que convierta esta área longitudinal en un lugar de convivencia en lugar de una barrera natural”, la promoción de Valladolid “como sede de eventos deportivos ligados a la competición escolar y de aficionados”, el desarrollo del “Plan de modernización del comercio tradicional de Valladolid para conseguir un comercio de gran calidad y totalmente adaptado a las nuevas tecnologías y plenamente integrado con el entramado social”, la disponibilidad de suelo integrador de actividades industriales y de servicios, dotado de una alta calidad urbanística e infraestructural, cuyo precio de venta se ajuste al coste, de modo que se incentive la actividad económica”, la “rehabilitación y remodelación de viviendas antiguas y fomento de la construcción, asociada a la mejora y conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad”, la “potenciación de la construcción no residencial, la construcción industrial y la obra pública”, la “elaboración de estudios de situación de sectores estratégicos que faciliten el establecimiento del modelo económico industrial de Valladolid”.

Todas esas propuestas proceden del “área de actuación de Economía y Empleo” del Plan Estratégico “Valladolid hacia el 2016”, único documento municipal que contempla las perspectivas de futuro y los ejes de actividad para impulsar su desarrollo. Un documento que debería consensuarse con el entramado económico y social de la ciudad, pero que no ha sido sustituido por ningún otro y es, por tanto, la única referencia de que dispone la ciudad en este sentido.

3ª. Desde el punto de vista de la propia actividad cultural y turística, las razones aportadas también son muy poco convincentes. Desde el punto de vista de la propia infraestructura, no hay un estudio serio, suficientemente fiable, de las posibilidades de éxito razonable de la empresa propuesta. Se plantea un centro con capacidad para 2.500 personas. Se sabe que en la región hay varios palacios de congresos más en desarrollo (Ávila, Burgos, León, Segovia), y otros previstos (Palencia, por ejemplo), y no se ha estudiado el posible impacto que pueden tener en el conjunto de esa rama de la economía en la región. E igualmente hay que considerar los palacios de Salamanca, Zamora y Soria.

La infraestructura existente de centros de congresos en la ciudad es amplia (no sólo el Centro de la Feria de Valladolid, sino también el Conde Ansúrez, el Centro Cultural Miguel Delibes, además de otros menores como el San Agustín, el del Museo de la Ciencia o el del Patio Herreriano, entre otros). En ocasiones se ha señalado que en el Centro Miguel Delibes se han realizado congresos, convenciones y jornadas para varias decenas de miles de personas en los últimos dos años. No se ha evaluado cómo afectaría la nueva instalación a la actividad de los centros existentes (¿hasta qué punto quedarían ociosos?). Y tampoco parece haberse considerado la posibilidad de ampliar o adecuar las instalaciones existentes en la Feria de Valladolid para acoger congresos de más de 1.000 delegados, sin necesidad de levantar un nuevo Palacio.

Según datos facilitados por la Concejalía de Cultura, Comercio y Turismo, en 2009 se celebraron en Valladolid un total de 568 reuniones (de ellas 51 congresos y 48 convenciones; el resto fueron jornadas), con 45.855 inscritos (el 60% en jornadas). Pero en 2009, según información de la Oficina de Congresos, la ciudad perdió el 35% de los congresistas del año anterior (por el “recorte de gastos de las empresas”). Pero incluso las estimaciones económicas son muy variables, según las fuentes. Según la Oficina de Congresos, el gasto medio por delegado ascendió en 2008 a 118 euros (330 euros en 2,8 días). Pero en el Informe de medición del Turismo de Reuniones en España 2008 (publicado en Barcelona, abril de 2009) se habla, en el informe específico de Valladolid, de un gasto diario de 57,61 euros por persona: menos de la mitad. Y en ese mismo Informe se indica que en España, sólo el 3,83% del total de las reuniones realizadas eran de más de 1000 delegados.

4ª. Desde consideraciones urbanísticas, la forma de abordar el tema resulta exageradamente simplista. En la selección de posibles emplazamientos (las “cinco novias”, como los ha denominado algún periódico) no hay visión de conjunto de lo que necesita Valladolid desde el punto de vista urbanístico. Por de pronto, no se tiene en cuenta el proyecto de soterramiento. Pero es que además las decisiones urbanísticas no deberían plantearse de la forma en que se propone: seleccionando cinco posibles ubicaciones y analizando unas pocas ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. En esa forma de proceder falta la consideración de múltiples variables que habrían de tenerse en cuenta (impacto sobre la movilidad, por ejemplo), falta la consideración del reequilibrio de la ciudad, se obvia la consideración de otros muchos emplazamientos posibles, no se aplican técnicas urbanísticas que permitirían multiplicar las áreas susceptibles de acoger este equipamiento, y desde luego falta por completo la visión metropolitana.

Por cierto, llama la atención la extraordinaria timidez con que se aborda cualquier actuación sobre el antiguo Colegio de El Salvador, como si el acuerdo con los propietarios sobre el precio fuese la única forma de conseguir el suelo. También sorprende cómo se plantea la descatalogación de elementos protegidos en la Academia de Caballería; aunque desde luego no es el PP quien está más legitimado para hacer esas acusaciones.

5ª. Desde consideraciones sociales y, sobre todo, del empleo, tampoco es aceptable, sin más, la propuesta. No cabe dar un cheque en blanco a cualquier propuesta de la que se diga que crea empleo: lo que interesa es estudiar cuál es la inversión que pueda resultar más eficaz desde ese punto de vista. Pero no hay un estudio completo que indique cuáles son las acciones más eficaces que puede emprender el Ayuntamiento para crear empleo. En el mismo Plan Estratégico se habla de “la mejora de los sistemas de formación de recursos humanos, con especial incidencia en la integración de las personas con dificultades para acceder al mercado laboral”; de “impulsar la incorporación de las nuevas tecnologías a la sociedad, en general, y a los recursos humanos en particular”, difundiendo “la información referente a las nuevas tecnologías emergentes”, favoreciendo “la promoción del teletrabajo”, desarrollando “programas formativos de autoempleo específicos para colectivos desfavorecidos”, estableciendo “líneas de subvención específicas para la creación de empresas y, especialmente, a los proyectos de colectivos desfavorecidos”, apoyando la creación de “infraestructuras al inicio de la actividad (viveros de empresas)”, potenciando “la puesta en marcha de proyectos empresariales relacionados con los nuevos yacimientos de empleo” (empleos verdes, por ejemplo). ¿Se está haciendo? ¿Se cuenta con suficientes recursos para hacerlo? ¿Cuál es el rendimiento de la inversión prevista para el Palacio de Congresos, en términos de empleo, frente a otras posibles alternativas como las enunciadas?

6ª. La forma en que se está llevando este asunto por el PP y el PSOE dista mucho de ser una buena práctica democrática. Reiteramos, en primer lugar, que los recursos de la Junta, como los del Estado, son públicos, y no deben derrocharse. No parece que nuestro Ayuntamiento haya conseguido desprenderse de la actitud del nuevo rico. Pero es que además la manera en que se va introduciendo en la ciudad la propuesta del Palacio de Congresos, no como fruto de un debate y tampoco como consecuencia de un proceso razonado, sino haciendo uso de unas prácticas de comunicación tendentes a desembocar en una situación sin vuelta atrás, no suscita un debate ciudadano razonable. Se plantea el proyecto sin ofrecer información suficiente, dando por hecho compromisos (de la Junta o del Estado) que luego ponen en duda otros responsables de esas administraciones o incluso los mismos aludidos. Y sobre todo, se juega con un clima de ansiedad ante la falta de trabajo que proporciona buena acogida a cualquier propuesta que se haga, al margen de que con ello se puedan cerrar las puertas a otras fórmulas más interesantes. Se trata, en nuestro criterio, de una populista huida hacia delante que no se compadece con la buena gestión pública, ni con el desarrollo de una política pública razonable. Por su parte el PSOE, con su política de seguidismo acrítico del PP en todos los asuntos que pudieran parecer controvertidos o impopulares, colabora a mantener esta poco democrática forma de proceder.

En consecuencia, desde Izquierda Unida reclamamos: 1º) Un ejercicio de responsabilidad en este asunto del proyectado Palacio de Congresos, evitando actuar de forma poco reflexiva, y teniendo un más claro criterio sobre las prioridades de este momento. 2º) La realización inmediata de un estudio sobre que actuaciones públicas pueden ser las más eficaces en términos de empleo y de futuro. 3º) La realización de un análisis técnico sobre la posibilidad de organizar congresos de más de 1.500 personas realizando las modificaciones pertinentes en alguno de los centros existentes; es decir, con el menor gasto posible en obra nueva.

Lo primero es favorecer el empleo. Pero no de cualquier manera, ni cualquier empleo. Importa decidir las inversiones que favorezcan más empleo y de calidad, con la mayor seguridad de futuro, y mirando especialmente a los sectores más castigados y más necesitados: algo de lo que está ausente el planteamiento que se nos está presentando. No vaya a ser que, como en el túnel de la Avda. de Salamanca (una inversión millonaria para conseguir un insignificante ahorro de tiempo), dediquemos una inversión nuevamente millonaria para conseguir unos resultados mucho más parcos que los que podrían alcanzarse con una política quizá menos espectacular, pero más sensata y más eficaz. En definitiva, hacer más con menos. Crear más y mejor empleo con el optimo aprovechamiento de los recursos públicos.

(Imagen del Auditorio de la Feria de Valladolid, procedente de feriavalladolid.com/congresos)