Es frecuente el proceso urbanístico de impulsar (proponer, facilitar, ejecutar) el traslado de la gente hacia espacios acondicionados formalmente como ciudad. Con sus calles, sus equipamientos, sus parques, sus edificios productivos (comercio, oficinas, incluso industria urbana) y desde luego sus viviendas. Quizá con elementos históricos o naturales que lo amenicen. Procesos por los que se dirige a cierta población hacia nuevos barrios, o hacia los antiguos, mejorados. Un proceso que vale tanto para quienes van en busca de una mejora en sus condiciones de vida (mejor vivienda, mejor entorno) como cuando se plantean nuevas áreas residenciales para acoger a población… ¿podría decir vulnerable?

Vale. En ocasiones se consiguen buenos resultados. Pero a veces es un desastre. Y sin embargo existe otra posibilidad, generalmente olvidada, que puede resultar mucho más efectiva. Tanto desde el punto de vista medioambiental como funcional. Pero sobre todo: desde el punto de vista social. Y que consiste exactamente en lo contrario: llevar la ciudad adonde está la gente. Llevar ciudad. Quizá no sea fácil. Pero sin duda es extraordinariamente procedente.

Porque hay familias y hogares que viven en algunos ámbitos olvidados o al menos desesperados. Pongamos (aunque hay decenas, quizá cientos de ejemplos) que hablo de la Cañada Real de Madrid. Sé que me meto donde nadie me ha llamado. Pero es un ejemplo conocido y tan procedente. Porque, aunque sin tener que llegar a las dimensiones de ese poblado, en casi todas las ciudades pueden identificarse espacios similares sin dificultad. Espacios con todas las carencias. De legalidad, por supuesto. Pero también de infraestructuras. De equipamientos y servicios. Con una abrumadora falta de futuro. Para los que suelen presentarse proyectos que tienen en común dos cosas: sacar a la gente de donde viven (de donde han construido, mal que pese a quien sea, un barrio), y dispersarla.

Hace solo unas pocas semanas el Parlamento Europeo aprobó una resolución “sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos” (el 21 de enero). Y en ella se consideraban “los desahucios forzosos como la expulsión permanente o temporal contra su voluntad de personas, familias o comunidades de los hogares o terrenos que ocupan”. Y se decía que “el ODS 11 pide unos objetivos concretos para 2030 con el fin de garantizar el acceso de todos a una vivienda y unos servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar las zonas de chabolas y propiciar una urbanización inclusiva y sostenible”. No sé: a mí me parece que están denunciando los realojos que comento más arriba.

Sé que es difícil. Costoso. Pero, reconozcámoslo, que un ayuntamiento demuela y disperse a la población asentada en un espacio… ¿no es la anticiudad? ¿No podríamos intentar seguir construyendo la ciudad, allí donde la gente vive?

(Imagen: Cañada Real, fotografía aérea de la Comunidad de Madrid. Publicada en elmundo.es/madrid).