Ayer se publicaba una entrevista con Victoria Camps en El País, a propósito de su último libro, Tiempo de cuidados (Barcelona, Arpa, 2021), donde se destacaba que la necesidad de atender a los más vulnerables “nos afecta a todos”. De forma colectiva, como sociedad, pero también como deber personal. “El cuidado establece una relación muy personal y por eso no puede quedar sólo en manos de los poderes públicos”. Con todo, la filósofa señalaba que, aunque la administración, como decimos, “no puede ser la única responsable”, “tiene sus obligaciones respecto a la protección de las personas que necesitan cuidados”. Es obvio.

Y ahí puede enlazarse con el libro de Izaskun Chinchilla, La ciudad de los cuidados (Madrid, Libros de la Catarata, 2020), redactado a finales del pasado año (haciendo referencias múltiples e inevitables a la Covid-19, como Camps). Y precisamente en este libro, que dedica 7 capítulos a “dar forma” a esa ciudad de los cuidados, dos de ellos se centran en la necesidad de crear, cuanto antes, las “zonas de bajas emisiones” (ZBE). Unos ámbitos específicos que deben establecerse en 145 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes antes de 2023, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Cumbre de París.

Un capítulo (el 2) está relacionado con el tráfico y la “movilidad a la carta”. Otro (el 5), que habla específicamente de la contaminación y el tratamiento del espacio público. Y en ambos casos refiriéndose “a una ciudad que nos cuida más”, y que persigue “una mejora y facilitación, a través de la movilidad, en el desarrollo de las actividades vinculadas a los cuidados realizadas activamente por las y los ciudadanos”. Es urgente.

(Imagen: la concejala de Sostenibilidad y Descarbonización, delante del panel indicativo de la Low Emission Zone de Glasgow, donde ya se ha puesto en marcha la primera fase, que a finales de 2022 se completará con la segunda. Procedente de glasgow.gov.uk).