en los programas electorales de 2007

Dos aspectos bien distintos se conjugan al definir la política económica municipal: el control del presupuesto y las propuestas para incentivar el desarrollo económico de la ciudad. Son dos asuntos interrelacionados, pero que pueden analizarse de forma independiente. Comencemos analizando las propuestas de los programas municipales de 2007 sobre el primero de esos asuntos. El programa que lo analiza de forma más desarrollada es el de Izquierda Unida. Se refiere a cinco tipos de cuestiones: mayores medios, mayor autonomía, mayor control, gestión de ingresos más elaborada (y más social) y gestión de gastos más eficiente (y más ecológica).

mayores medios

Respecto a los medios el vigente programa de IU propugna una mayor participación en los ingresos del Estado, cambios en la política fiscal municipal y el desarrollo del Patrimonio municipal del suelo; y todo ello en el marco de posibles nuevas competencias (en paralelo a las crecientes demandas). Respecto a la mayor participación en los ingresos del Estado prevé que, que de acuerdo con el llamado Pacto Local, se llegase al 33% (en 2007 era sólo del 13%). Se trata de reformar “las fuentes de financiación local, para garantizar la redistribución de las rentas y la suficiencia financiera, elementos fundamentales para profundizar en la democratización de las instituciones”. Para esa reforma del PIE (Participación de las Entidades Locales en los Ingresos del Estado) debería acabarse con el sistema dual que prima a las grandes ciudades sobre las medianas y pequeñas y que valora a la ciudadanía en función del tamaño de la población en que reside. “La cantidad que los ayuntamientos reciben del Estado debe ser transparente, de fácil cálculo, comprobable y estable”.

Respecto a la política fiscal municipal se proponía mayor progresividad, de forma que se permitiese el desarrollo de “políticas redistributivas, posibilitando la potenciación de los servicios públicos y el tratamiento económico diferenciado en función de la renta”. En definitiva, una política impositiva más solidaria. Respecto al Patrimonio municipal del suelo (un instrumento que podría ser muy importante en la política urbanística municipal) se planteaba simplemente el respeto a lo que establecía entonces la legislación de suelo (aunque ahora habría que plantear su modificación). El PSOE planteaba, en este sentido, “recuperar para la ciudad las plusvalías que le corresponden (…) de acuerdo con la legislación urbanística, de manera que en los Presupuestos Municipales se incorporaría “un anexo específico en el que se explique la gestión del Patrimonio Municipal de Suelo y el cumplimiento de los fines para los que han de destinarse sus bienes”.

Pero también se hablaba en el Programa de IU 2007 de la posibilidad de asumir nuevas competencias. Por un lado, por las “crecientes demandas” de la población, pero también por la posibilidad de atender a “otros asuntos como es el del medio ambiente”. El hecho de que se planteen nuevas competencias implica, obviamente, la ampliación del presupuesto. Pero –se decía- “hay que modificar las transferencias destinadas por las Comunidades Autónomas a los municipios de tal forma que sean incondicionadas, no finalistas”.

En este apartado el PP hablaba de “potenciar fórmulas de financiación de inversiones municipales que impliquen la participación de la iniciativa privada”, y “diseñar una nueva estrategia para la captación de los Fondos Europeos, fomentando las alianzas entre ciudades y seleccionando las actuaciones potencialmente financiables”.

mayor autonomía

La demanda de mayor autonomía de las haciendas locales implicaba el “desarrollo de las competencias tributarias municipales, dotándolas de mayor autonomía de gestión que permitan introducir mecanismos correctores más acordes con la realidad territorial y social del municipio”. De ahí que se propusiese, por ejemplo, establecer “recargos en el IBI de viviendas y solares vacíos; gravaremos el IBI a las segundas y terceras residencias, con el objetivo de que estas viviendas no permanezcan vacías, primando así la residencia habitual”. Lo cual implicaba la elaboración de un “censo de viviendas y solares vacíos”. Y la autonomía se aplica también en la definición de los precios públicos, de los que se planteaba “establecerlos por acceso y participación en actividades municipales o servicios en función de criterios de renta con el fin de favorecer que quienes más tienen contribuyan con el coste real del servicio, mientras que los de menor nivel de renta se beneficien de precios inferiores”. En todo caso se planteaba el compromiso de que “las subidas impositivas se acomodarían a la evolución del índice de precios al consumo”.

El PP, por su parte, hablaba de “contener la presión fiscal y ampliar el catálogo de beneficios fiscales”, utilizando “como criterio general de revisión de impuestos y tasas municipales el IPC real”. Y el PSOE, que también decía que “los Impuestos no crecerán por encima del coste de la vida”, planteaba “utilizar al máximo de la capacidad normativa sobre los tributos cedidos, para adecuar los mismos a las prioridades presupuestarias”. Y planteaba, por ejemplo, la “supresión de los tributos sobre las obras domésticas menores”.

mayor control

Un elemento importante en la mejora de la financiación es la potenciación de los servicios de inspección tributaria “para hacer realidad la máxima que dice que si pagan todos los que deben, la mayoría tendrá que pagar menos”. Un esfuerzo inversor que se quería orientar hacia el IAE, el ICIO y las Tasas por Ocupación de Dominio Público. De este asunto no se habla en el programa del PP. Y creo que en el del PSOE tampoco.

gestión de ingresos más elaborada (y más social)

La gestión de ingresos se refiere a las formas de pago y las políticas de bonificaciones o recargos. Respecto a las primeras se hablaba de facilitar el pago de los distintos impuestos municipales “mediante la creación de nuevos sistemas que permitan distribuir el total de los mismos a lo largo del año, aplicando una deducción sobre el total anual”; además de aplicar a la gestión de tributos las nuevas tecnologías, “tanto con la implantación o mejora de cartografía digital, como en la simplificación del procedimiento administrativo y la generación de la posibilidad de pago telemático de impuestos, tasas y precios públicos”.

Respecto a las políticas sectoriales se aplicaban fundamentalmente criterios de renta y de sostenibilidad. Se planteaban “bonificaciones en el IBI a las familias numerosas, en función del valor catastral de las viviendas”, así como (ya lo dijimos) “establecer precios públicos por acceso y participación en actividades municipales o servicios en función de criterios de renta”. También se planteaban “reducciones en ICIO e IBI a favor de las construcciones que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar por autoconsumo”, penalizar la especulación “a través de incrementos de los tipos a aplicar en el impuesto de plusvalía en las enajenaciones que se produzcan en los primeros años de tenencia de la propiedad”, gravar “la producción de residuos, estableciendo desgravaciones y/o exenciones por el desarrollo de políticas ambientales positivas”, y remodelar “algunos impuestos generales como es el caso del de circulación de vehículos en la perspectiva para lograr una “fiscalidad ecológica”.

En el programa del PP se comenta, respecto a estas cuestiones, el propósito de “mejorar la gestión de pagos por Internet”, y de “desarrollar el programa Valladolid digital que implicará el empleo masivo de los recursos digitales”. En el del PSOE se planteaba la creación de la “Cuenta Corriente Tributaria de Valladolid, facilitando el pago fraccionado de todos los tributos periódicos a lo largo de todo el ejercicio”, y de la figura del “Defensor del Contribuyente, para el fortalecimiento de los Derechos y Garantías de los Ciudadanos en materia tributaria o sancionadora en el ámbito municipal”. Además planteaba establecer “una serie de beneficios fiscales en los impuestos municipales, orientados a favorecer el acceso a la vivienda, a la promoción y ayuda a la familia, a la creación de empleo y a la mejora y conservación medioambiental”, cuya cuantía pormenorizaba.

gestión de gastos más eficiente (y más ecológica)

La gestión de gastos se centraba en la reducción del gasto corriente (por aplicación de nuevas tecnologías, mejor diseño, mejor organización, mayor concienciación e implicación, etc.), y sobre todo generalizar la “compra verde”. Algunas medidas de reducción del gasto apuntaban a cambios en la telefonía interna municipal o sistemas domóticos; también al control del diseño de manera que se minimicen los gastos de funcionamiento y mantenimiento (circulaciones, vigilancia, materiales, energía, etc.), medidas de reducción de los consumos de agua, gas, electricidad, telefonía y carburantes, sistemas de compras centralizados (para obtener mejores precios de los proveedores), etc. Pero desarrollar también una mayor “implicación de los trabajadores y las trabajadoras de los ayuntamientos en el servicio público con el fin de mejorar la eficacia de los mismos y procurar la mejor atención a la ciudadanía”.

Se ponía especial énfasis en el apartado de «Compra Verde», entendiendo por tal la elección de los productos “en función de su contenido, envoltorio, posibilidades de reciclaje, qué tipo de residuos generan y si tienen ecoetiqueta, así como tener en cuenta criterios ambientales y sociales en la contratación de servicios y adquisición de bienes en las administraciones públicas”. Se fijaban una serie de compromisos políticos: a alentar el uso de etiquetas ecológicas, impulsar la contratación con criterios ambientales, evitar y reducir los residuos, eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de la misma, asumir la compra sostenible y promover activamente los productos de comercio ético y justo. No hemos encontrado nada sobre este tema en el programa municipal del PP para 2007. El PSOE sí, en el punto “4.4. Consumo responsable” lo tiene bastante desarrollado.

cálculos y compromisos concretos

En síntesis, se planteaba “garantizar la sostenibilidad económica desde la aplicación de los principios de austeridad en el gasto, de equidad, progresividad y corresponsabilidad fiscal”. E Izquierda Unida se comprometía a “recoger una partida equivalente al 1% del presupuesto del Ayuntamiento para atender la solidaridad con los países empobrecidos y las poblaciones que se encuentren inmersas en conflictos bélicos”. En todo caso, y con la única excepción de este 1%, no se hacía ninguna mención a cifras ni a porcentajes. Por supuesto, tampoco se dice nada en el programa del PP. Tampoco en el del PSOE.

(Imagen del encabezamiento: Ayuntamiento de Valladolid. Procedente de valladolidinternacional.es)