Se convocó la Mesa de la Vivienda (aunque ya tocaba) el pasado día 21 de enero de 2018 por unas declaraciones del portavoz del Grupo Municipal Popular del pasado día 14, que tuvieron una notable difusión. Unas declaraciones graves que ponían en cuestión no solo las medidas llevadas a cabo en materia de vivienda en los últimos años, sino también (y esto es lo trascendente) los fundamentos de una política de vivienda que se pretende lo suficientemente amplia, abierta y democrática como para que se pudiera alcanzar un consenso suficiente.

La chispa: “Hacéis gratis las viviendas a los que dispararon al aire”. Exactamente esto fue lo que dijo el señor Martínez Bermejo: “Casi 20 millones de euros se van a meter en el barrio 29 de octubre. Esos que dispararon al aire con armas ilegales resulta que se les está haciendo las viviendas gratis. ¿Esa es la política de vivienda que tiene que tener el Ayuntamiento de Valladolid?” Y al día siguiente, en el pleno de presupuestos, después de haber tenido tiempo para reflexionar, no solo no se desdijo, sino que añadió: “Ustedes están engañando a la población en materia de vivienda”. Madre mía. Es necesario, creo, empezar desde el principio.

EN QUÉ CONSISTE LA VIVIENDA

El significado del derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda (que está en el artículo 25 de la Declaración de 1948, y en el 47 de la Constitución) lo tienen todas las personas. Por haber nacido. Lo tiene cada persona, haga lo que haga. Sea buenísima o indeseable. Por supuesto, hay que cumplir las leyes, sólo faltaba. Pero de tal cumplimiento no se deriva que se tengan los derechos: los derechos se tienen aunque no se cumplan las leyes y se destrocen las farolas. Ya se encargarán los poderes públicos de actuar en ese caso como corresponda. Pero vincular directamente unos y otros es, en mi opinión, una aberración. Es simplemente no creer en los derechos de las personas. Es así, qué le vamos a hacer. Lo cual se agrava aún más cuando se pretende que una determinada actuación reprobable del padre, por ejemplo, afecte también a los hijos. Por ejemplo, en materia de vivienda.

No solo alojamientos. La Constitución considera, en su artículo 47 (como hemos dicho), el derecho a acceder a una vivienda “digna y adecuada”, e impone a los poderes públicos del Estado social asegurarlo y dotarlo de un contenido concreto y exigible. Porque (sobraría decirlo) ningún derecho constitucional puede tener un contenido vacío o ser considerado una simple fórmula retórica. ¿Qué es una vivienda “digna y adecuada”? Veamos la pormenorización que el Comité Europeo de Derechos Económicos y Sociales realizó en su Observación General nº 4, que lo sintetiza en 7 características. 1. Seguridad jurídica en la tenencia (una permanencia segura en la vivienda). 2. Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras (agua, alcantarillado, electricidad, etc.) 3. Gastos soportables. Es decir, que los costes para acceder y mantener una vivienda digna no impidan la satisfacción de otras necesidades básicas. En principio, ninguna persona debería dedicar más del 30% de sus ingresos a la vivienda. 4. Habitabilidad: el hogar debe disfrutar de condiciones de higiene, salubridad, y seguridad. 5. Accesibilidad: las viviendas deben ser accesibles para todas las personas, especialmente para colectivos en situación de vulnerabilidad física, como las personas mayores o las personas con discapacidades o con funciones diferentes. 6. Ubicación: que se encuentre situada en un lugar desde donde acceder a puestos de trabajo, escuelas o centros de salud, y a “espacios intermedios de relación” que permitan la comunicación social. 7. Adecuación cultural: una buena relación con los contextos culturales en que se encuentra. Los últimos dos puntos indican que para que un alojamiento sea digno y adecuado no basta con que se cumplan algunas características dentro de sus cuatro paredes (lo que habitualmente se llama vivienda; pero que hay quien prefiere denominar alojamiento, para distinguirlo del conjunto que forman ese espacio propio y su entorno próximo: la verdadera y completa “vivienda”), sino que también tiene que ver con el espacio urbano en que se encuentra. Con el entorno próximo. Pero volvamos a los debates de estos días.

 EL ENTORNO DE LOS ALOJAMIENTOS

Un nuevo debate en la Ser. A las 72 horas de las declaraciones iniciales, la cadena Ser promovió un nuevo debate, esta vez desde los locales de la asociación vecinal La Unión, de Pajarillos, para hablar del barrio y la imagen que se estaba proyectando. Allí el portavoz del PP pidió disculpas por si sus declaraciones del lunes “habían incomodado”. Pero el problema no se centraba en el confort de los oyentes; sino en los efectos que tales declaraciones podían tener en los barrios aludidos. La cuestión no era “incomodar” más o menos; sino si contribuían al deterioro de la imagen de unas zonas ya estigmatizadas. Poco después reiteró esas disculpas, “por si alguno se ha sentido ofendido”. Un gesto que se debe agradecer. Pero que no afecta al fondo de la cuestión. Y eso es lo grave. Pues el problema no es, repito, ni la incomodidad ni la ofensa. Sino el cuestionamiento de fondo de toda la política de vivienda.

Distintas formas de infamar. Los responsables públicos deben, creo, contribuir a mejorar la valoración y el aprecio de los distintos barrios de la ciudad. Y sobre todo, no difamar. Sin embargo, en el debate del día 24 se pusieron de manifiesto tres maneras de menospreciar los ámbitos de que se hablaba (29 de octubre y las Viudas). Se habló de que eran espacios inseguros. De que se incumplían las leyes y que estaban abocados a la pobreza. Una batería de descréditos que ahondaban su desprestigio. Parecía haberse abierto una competición por ver quién degradaba más, con más daño y más deprisa a las dos barriadas referidas.

La política del miedo. Por de pronto, las descalificaciones por la inseguridad se multiplicaron. No solo fueron las declaraciones de Martínez Bermejo. También Jesús Julio Carnero dijo que Valladolid no era una ciudad segura. Y Pilar Vicente habló de “la crisis de seguridad que ha vivido Valladolid estos días”. Una inseguridad terrible, al parecer. Qué ganas de tensar las cosas para que Valladolid parezca el Far West. Lo cual es enormemente irresponsable. Pues al tratar de la seguridad ciudadana, uno de los temas que ha adquirido prioridad es el de la “inseguridad subjetiva”, que poco tiene que ver con la estadística de los delitos, y mucho con “la percepción de la amenaza”. La cuestión ya no es tanto la existencia de inseguridad objetiva, sino subjetiva. Campo abonado para el juego de desgaste político, aunque con ellos se arrastre el bienestar de distintas zonas urbanas.

El sesgo xenófobo. Las declaraciones iniciales de Martínez Bermejo tenían, según creo, cierto sesgo xenófobo. Pero en el citado segundo debate de la Ser la representante de la asociación vecinal La Unión de Pajarillos insistió, una y otra vez, en que no se vinculase “inseguridad” y “Pajarillos”, sino que se concretase más. De la misma forma en que se hablaba de “Las Viudas” cuando se relataban hechos delictivos, y no se decía Delicias, no se ampliase al barrio de Pajarillos lo que le correspondía, según decía, al 29 de octubre. La cuestión parecía, por tanto, ¿hasta dónde estigmatizar: todo el barrio o solo la más reducida barriada? Por uno o dos casos aislados, ¿desacreditar a los 30.000 habitantes de Delicias o solo a los 2.000 de las Viudas? ¿A los 22.000 de Pajarillos o solo los 1.500 del 29 de octubre? No conviene, creo que está claro, ver qué es mejor, si señalar a un barrio o solo a una barriada, para echar encima a toda la opinión pública.

Riqueza y pobreza, y a vueltas con el soterramiento. Es curioso. En la Mesa de la Vivienda, el portavoz del PP (habla muchísimo) sacó a colación también el tema del soterramiento, como causante de la falta de riqueza de los barrios de este lado de la vía. Pero lo llamativo es que a la vista de la publicación del pasado jueves, por la Agencia Tributaria, de la estadística de IRPF por códigos postales se ha podido constatar que los vecinos de La Rondilla-Santa Clara-Barrio España “se han quedado como los únicos de la capital con una renta media inferior a 18.000 euros –en concreto, con 17.745–, tras experimentar mayores repuntes de ‘riqueza’ los ciudadanos de Delicias y Arcas Reales-Pajarillos” (según información de El Norte de Castilla). No sé: a lo mejor la vía del tren no es la causa directa de la distribución de la riqueza; y lo que hay que hacer es soterrar la Rondilla de Santa Teresa.

POLÍTICAS DE VIVIENDA

Políticas de vivienda. Con todo, hemos de volver a preguntarnos: ¿cuál es la política de vivienda más justa, más adecuada? Y también: ¿cuáles son los mínimos espacios de consenso en materia de vivienda? Porque la cuestión (espero que en esto estemos de acuerdo) es procurar que cada hogar (y en él, cada persona) tenga “un rincón en el mundo”. Un espacio para la vida privada. Todo lo demás que se pueda plantear con las políticas de vivienda (el impulso de la actividad económica y del sector de la construcción, por ejemplo) está muy bien. Pero es otra cosa; que no se dirige al cumplimiento del mandato constitucional sobre el derecho a la vivienda. Dicho lo cual: ¿qué programa de vivienda ha presentado Ciudadanos con el objetivo del cumplimiento del derecho a la vivienda? No existe. Inencontrable. ¿Y qué política de vivienda llevó el PP en los años 2011-2015?

El Plan de Vivienda de Valladolid 2017-2021. El Plan redactado, propuesto y aprobado por el actual equipo de gobierno es muy claro en sus objetivos, medios y propuestas; que parten de lo recomendado en la Observación General del Comité Europeo de Derechos económicos y Sociales citada en el punto 3 de más arriba. Se le podrá reprochar lo que se quiera. Pero no que no esté ordenado en función de los objetivos generales del derecho a la vivienda. Y que ha dispuesto los fondos disponibles a tal empresa. Así, el punto 3 del Plan se titula específicamente “la vivienda como derecho” (y en él se organizan las acciones para estudiar la necesidad de viviendas, la creación del Parque de Viviendas Blancas, el Fomento del alquiler para personas en riesgo de exclusión social, o los programas de vivienda para colectivos específicos). También se habla de la seguridad de la tenencia y los desahucios. De la habitabilidad en la infravivienda, la pobreza residencial y la calidad del entorno y los barrios vulnerables; además de otros capítulos dirigidos sobre el medio ambiente, el mercado de la vivienda o la información y la coordinación.

Tres elementos críticos del Plan de vivienda. Pero en el debate en que estamos conviene destacar tres elementos de ese Plan de vivienda especialmente significativos (entre el conjunto más amplio de propuestas antes referido). Uno es el relativo a favorecer el acceso a la vivienda a los hogares que más dificultades tienen para conseguirlo. Otro, el de promover la puesta en uso de viviendas vacías e incentivar un alquiler razonable para un grupo de población con ingresos limitados. Y el tercero, actuar en determinadas zonas por razones de interés social.

LA VIVIENDA DE QUIENES NO TIENEN ACCESO AL MERCADO

Las viviendas blancas. Una de las políticas principales consiste en formar un parque público (municipal) de alquiler social, que sería ocupado por los hogares que tienen más necesidad y no pueden acceder al mercado. En 2015 se contaba con 12 viviendas para este objetivo. Pero desde entonces se ha incrementado (mediante compra de viviendas, distribuidas por toda la ciudad) en 95 viviendas más, hasta ahora. En un proceso que continúa, con una inversión de algo más de 3 millones de euros por año. Formando así un parque que también permite actuar en los casos de chabolismo y hacinamiento, además de los expedientes de desahucio más graves (que últimamente se centran sobre todo el pago del alquiler; donde se actúa igualmente mediante ayudas de emergencia; y a través de la oficina de asesoramiento y “ayuda integral” de San Benito).

El debate de la investigación de ingresos. Para acceder a estas viviendas se realiza una “investigación de ingresos”. Mejor sería no llevarla a cabo, tal como se reclamaba (con razón) en el origen fundacional del Estado del Bienestar. Porque lo hoy se defiende, como “mal menor”, es un Estado de bienestar “dirigido únicamente a un sector de la ciudadanía. La prestación sigue considerándose universal, pero selectiva” (Bauman). En efecto, para acceder a las viviendas blancas hay actualmente casi 400 peticiones; y el número disponible es mucho menor. De manera que se ha establecido un nivel de ingresos máximo (hasta 1,3 veces el Iprem); y una baremación en la que se consideran criterios salariales, de situación familiar (se priorizan hogares con menores, personas con discapacidad, dependientes o con problemas de salud) y las condiciones de su actual alojamiento (infraviviendas o convivencia en situación de hacinamiento con otras personas). También tienen prioridad las personas que han sido desahuciadas en los doce meses previos. Y se establece una “renta social variable”, de manera que en ningún caso la mensualidad del alquiler exceda del 30% de los ingresos que perciba cada hogar.

PROMOCIÓN DEL ALQUILER Y USO DE LAS VIVIENDAS VACÍAS

 A vueltas con los alquileres. Otro de los programas tiene que ver con el alquiler. Un debate de gran actualidad, sin duda. Eurostat elabora anualmente una encuesta, según la cual en 2017 “el precio medio de un piso de una habitación sin amueblar en Madrid era de 890 euros”. Lisboa, Roma, Berlín, París o Viena lo superaban. En París subía hasta los 1.150 euros y en Londres hasta los 1.750 euros. Por citar alguna experiencia de fuera cabe recordar que en París están a vueltas con una ley que les permita “combatir el fuerte aumento de los precios del alquiler, la escasez de vivienda y la bajada del poder adquisitivo de los hogares”. Y en Berlín los precios se regían por la ley estatal Mietpreisbremse (freno de los alquileres; ahora en revisión), desde 2015; que limitaba las subidas de los nuevos contratos al 10% del alquiler medio de la zona en la que se encuentra la vivienda, siempre que se encuentre en un área de mercado «tenso»; que ha funcionado solo en parte. En España se está pendiente del Congreso, por ver cómo queda finalmente la regulación estatal de los alquileres.

El programa Alva. En este ámbito se encuentra uno de los programas de Viva que se dirige a la promoción del alquiler de viviendas, limitación de precios, puesta en uso de viviendas vacías y facilitar el acceso a la vivienda de hogares con determinada capacidad económica. Se denomina Alva: Alquiler Valladolid. Es un programa relativamente sencillo, de captación de vivienda vacía para incorporarla al mercado del alquiler, en el que se establece un sistema de garantías e incentivos para el propietario a cambio de fijar unos precios máximos de los alquileres. Se le ofrecen ventajas de tipo económico, de gestión y de garantías. Se garantiza el cobro puntual de la renta y la devolución de la vivienda a la finalización del contrato en buen estado. Se ofrecen ciertos beneficios económicos (seguro multirriesgo, compensación de parte del IBI, etc.). La búsqueda de inquilino le corresponde a Viva. Y se fija un precio máximo del alquiler de 5 euros/m2/mes, sin superar en ningún caso los 450 euros/mes. Para el inquilino (que debe tener unos ingresos mínimos y máximos determinados) los beneficios son igualmente significativos. Pues en primer lugar le permitirá obtener una vivienda digna a un alquiler razonable y limitado.

Los jóvenes, los huevos y las cestas. Tanto el programa de viviendas blancas como el de alquiler Alva benefician a unos concretos grupos de población (caracterizados por un determinado nivel de ingresos en los dos casos, y por otras circunstancias familiares, además, en el primero). Son programas de vivienda social, obviamente. Los grupos de la oposición han planteado la conveniencia de destinar parte del presupuesto público de vivienda a viviendas para jóvenes o a otros colectivos, con el eslogan curioso de que “no pongamos todos los huevos en la misma cesta”. Por supuesto, en casi todos los programas de acción social (de mayores, de jóvenes y de numerosos colectivos que precisan apoyo público) se proponen, desde hace años, ayudas a la vivienda. En este sentido hay que decir que también está en marcha la promoción de un edificio de 25 viviendas nuevas para jóvenes.

¿Basta con ser joven? Pero el problema de fondo es el siguiente: ¿Es preferible dedicar esfuerzos a la vivienda de uno u otro colectivo para favorecer ciertas políticas (de “repoblación” de algunas zonas, o de estímulo a la vuelta de población desde los municipios del entorno, por ejemplo, entre otras muy diversas), cuando hay hogares que no tienen acceso a la vivienda? Es una opción política, obviamente. Pero nosotros pensamos que lo primero que está en juego es el derecho a la vivienda, y que las demás políticas pueden echar mano de la de vivienda cuando ésta garantice el derecho de una forma suficientemente satisfactoria. Por de pronto, los jóvenes, los mayores u otros hogares pueden optar a las ayudas de las viviendas blancas o del programa Alva, que deberán llevarse la mayor parte del esfuerzo municipal de la vivienda.

Promover también la diversidad. Por otra parte está también en marcha un nuevo convenio con la Universidad de Valladolid para facilitar un alquiler barato a jóvenes estudiantes que quieran participar activamente en programas de carácter social en las zonas que más precisan estimular una buena convivencia. El objetivo, por tanto, es el de facilitar la emancipación pero, al mismo tiempo, fomentar la convivencia y la interacción en el barrio que en que se encuentren. La selección de los inquilinos de los edificios en que se desarrolle este programa se llevará a cabo por una doble vía: por un lado, con la intervención de Viva (basada en los principios de igualdad y transparencia). Y por otro, establecida por la UVa para la selección de universitarios que cubran esos mismos principios.

ACTUACIONES EN DETERMINADAS ZONAS

Actuaciones en zonas seleccionadas. La actuación en determinadas partes del espacio urbano, con propuestas más o menos radicales, es una constante del urbanismo desde siempre. El renacer de la ciudad medieval llevó a renovaciones drásticas de algunos sectores. Londres, Roma, París, los ejemplos se multiplicaron después. Y la reconstrucción de la ciudad europea tras la 2ª guerra mundial también llevó a esa técnica. Los argumentos higiénicos, médicos-morales, el control de posibles revueltas, las mejoras de la vialidad, el reequipamiento… siempre los mismos argumentos. También los mismos riesgos (la expulsión de toda o parte de la población y las dificultades financieras, por ejemplo). Y varios tipos de propuestas. El “saneamiento del slum”, con expropiación global y construcción posterior. Un segundo sistema: obligar a los propietarios a arreglar los edificios, incluso con subvenciones públicas. El tercero, la expropiación selectiva (para abrir parques, por ejemplo). Nettlefold, al estudiarlos, daba cuenta de la “ineficacia” que habían demostrado esos sistemas. Pero también, desde hace casi un siglo, se propuso la rehabilitación de áreas completas. Y todos los que han estudiado este sistema son igualmente conscientes de las dificultades.

Promover el turismo: pintar de rojo la Plaza Mayor. Actuar en zonas se ha hecho, como digo, en los últimos años, también en Valladolid. Hace años, por ejemplo (en 1996; recién llegado el PP a la alcaldía), se planteó el interés de acondicionar la Plaza Mayor y entorno, por motivos patrimoniales, pero también turísticos. Era el ARU Platerías. Y en ese contexto se propuso, en consecuencia (y entre otras cosas), actuar sobre las fachadas de la Plaza Mayor y entorno próximo para pintarlas de color “almagre”, eliminar publicidad y acondicionar balcones, canalones y carpinterías. Aparte, por supuesto, de las actuaciones en urbanización. Habría que revisar las cuentas, pero el coste de la operación fue de varios millones de euros. Se hablaba de “el retorno a su origen renacentista (…) dedicado a evocar su primigenio orden geométrico”. Y se calificaba expresamente de “lavado de cara” en esta “recuperación estética”.

Actuaciones en barrios por razones de sostenibilidad. También hay que citar el ARI Rondilla como propuesta de rehabilitación de zonas determinadas. Y de otro tipo de propuestas. En el periodo 2011-2015, por ejemplo, el PP en el gobierno propuso actuar en dos zonas para mejorar sus condiciones medioambientales. Fueron los proyectos de Remourban (en el Distrito Fasa) y R2Cities (en 4 de marzo). En ambos casos se subvencionaban obras con una aportación municipal importante. En el 4 de marzo, también se financiaba (parcialmente) la instalación de ascensores (una subvención que no se preveía para otras zonas de la ciudad). En Distrito Fasa eran 398 viviendas con una inversión total de 7 millones de euros (parte de ellos aportados por el Ayuntamiento). Y en el 4 de marzo se afectaba a 130 viviendas, donde también hubo una aportación importante por parte de Viva.

El mal uso de la palabra infravivienda. Al actuar en determinadas zonas sin la demolición de lo existente se ha venido diciendo que se mantenían infraviviendas. Pero utilizar la palabra infravivienda sin pensarlo mucho es, en mi opinión, muy irresponsable. Crea la sensación de carencia, que no se compadece con la realidad. ¿Qué sentido tiene decir, por ejemplo, que la mitad de las viviendas de una ciudad como Valladolid son infraviviendas? ¿O que lo son el 30%? ¿A qué ayuda? A nada. A fomentar la insatisfacción con la propia vivienda, cuando no se pueda acceder a otra mejor. La definición de la vivienda es política y cultural. La dignidad exige unas mínimas condiciones materiales…. que sean generalizables. Y no que resulten imposibles para una parte amplia de la población.

¿Prohibir el uso residencial de tales edificios? Una infravivienda es el alojamiento que carece de condiciones mínimas de decencia para ser habitado. La Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (Ley 3R) define las infraviviendas con alegría: la que “no reúna las condiciones mínimas exigidas de conformidad con la legislación aplicable. En todo caso, se entenderá que no reúnen dichas condiciones las viviendas que incumplan los requisitos de superficie, número, dimensión y características de las piezas habitables, las que presenten deficiencias graves en sus dotaciones e instalaciones básicas y las que no cumplan los requisitos mínimos de seguridad, accesibilidad universal y habitabilidad exigibles a la edificación”. Es decir: una definición que no tiene sentido. Que no vale para nada. ¿De repente van a ser infraviviendas las construidas con normas anteriores, a las que se aplica ahora de forma retroactiva las nuevas exigencias. Es más: ¿Un ayuntamiento que conozca (vía ITE) esos incumplimientos sobrevenidos debería prohibir el uso residencial de tales edificios? ¿Qué es eso? “Una suerte de labor de inquisición arquitectónico-urbanística del parque residencial de nuestras ciudades con grave riesgo de sus ocupantes que, en este caso, no verían peligrar su vida sino ‘sólo’ su vivienda”. Ahora se me entenderá mejor cuando reclamaba antes la necesidad de flexibilidad y, sobre todo, de mesura (se dice en Urbaniker.net). Y algo semejante sucede cuando se habla, en muchas ocasiones, de que se tiene, en tal o cual zona, una urbanización “tercermundista”. Lo que hay que oír algunas veces.

¿Dónde están las infraviviendas? La Concejalía de Servicios Sociales realizó un estudio de situaciones de infravivienda y hacinamiento en el municipio de Valladolid. Y catalogó como tales algunas casas de la Cuesta de la Maruquesa (en calles Rambla, Peninsular, Calera y Acera del Mirador). Otras en la Subida de Fuente el Sol (calle Ribazo). Algunas viviendas muy deterioradas en Barrio España/San Pedro Regalado. También determinadas situaciones detectadas en Pajarillos Altos-Las Flores (donde hay personas que viven en naves, caravanas, recintos familiares con subdivisiones internas, edificaciones construidas en patios de viviendas, etc.), Algunas en Pajarillos Bajos-San Isidro (sí: algunas, contadas, en el 29 de octubre), Delicias-Argales y Delicias-Canterac (algunas en Las Viudas, sobre todo). En la Zona Centro, destacan puntos aislados donde se constata, la existencia de viviendas que no reúnen las condiciones de habitabilidad necesaria y en la que se hacinan numerosas personas en situación de precariedad y riesgo de exclusión social. Y en la Zona Sur-La Rubia (sobre todo en la zona de la Cañada Real, viviendas antiguas sin baño ni ducha, con humedades, goteras y sin luz). Y por último, el núcleo de chabolismo de Juana Jugán. Esas son las infraviviendas. No otras. No generalicemos, por favor.

La definición de los ámbitos: el otro lado de la calle. Actuar sobre algunas zonas precisa delimitarlas. Y el debate sobre los límites de las zonas de actuación es eterno. En todos los ámbitos. Por ejemplo, al determinar los bordes de aplicación de la ORA. Lo mejor son los límites naturales (un río, un accidente topográfico o de ingeniería). O los históricos (una barriada que se creó conjuntamente. Que a veces suscita problemas hacia afuera (¿por qué se limita en esa calle? ¿Qué pasa con los edificios del otro lado?). Pero también hacia dentro. En algunos casos, cuando se actúa por bloques, se puede dejar alguno sin tocar, si así lo decide la comunidad de propietarios (recientemente ése ha sido el caso de un edificio en el programa de Remourban). Pero cuando afectan a bloques completos no es posible dejar una parte de la fachada, por ejemplo, sin tratar. Es más complicado. En cualquier caso, lo que no es de recibo es que se critiquen los límites de una actuación cuando esos mismos límites eran los que proponía el crítico (en efecto: el ámbito del 29 de octubre). No es admisible tanto cinismo.

El puñetazo en la mesa: demoler todo y expropiar todo. ¿Cómo actuar en esas zonas seleccionadas? Una primera fórmula es la de demoler todo, y reconstruir un nuevo barrio. Así era la propuesta del PP en el 29 de octubre. El problema era importante. Por un lado, no se contaba con financiación ni para la primera fase. Y por otro, se dejaba fuera a un número importante de vecinos y vecinas, por diversas razones, que se veían así expulsados del barrio. La primera fase afectaba a 174 viviendas. Se aseguró entonces (en 2015) que “casi el 50% de los vecinos, es decir entre 80 y 85 familias, estaría dispuesto al cambio de vivienda antigua por vivienda nueva, de acuerdo con las obligaciones que plantea el proyecto de actuación” (adquisición de plaza de garaje y trastero, con un desembolso total de unos 20.000 euros).

Noventa viviendas en el limbo. De modo que la primera fase se concretaría en la demolición de los 29 bloques que albergan las 174 viviendas citadas y la edificación de un gran bloque de viviendas que acogería entre 80 y 85 pisos, suficientes para alojar a las familias interesadas en el cambio. ¿Qué pasaba con los 90 hogares restantes? Se aseguró que “un pequeño porcentaje de propietarios, unos 18, que en su mayor parte son personas mayores, optarían por quedarse en los apartamentos de alquiler social, situados junto al colegio Lestonnac y enfrente de los bloques que se derribarán”. Y el resto, “unos 70, serán expropiados forzosamente”. El gerente de Viva apuntó entonces “que entre ellos se encuentran las personas que no tienen voluntad de participar en el proyecto por diversos motivos, así como las viviendas vacías y las que pertenecen a varios herederos o son titularidad de personas jurídicas” (6 viviendas en total). Hay muchos que estarían dispuestos a ser expropiados porque no podían pagar los 20.000 euros reclamados. En fin: aunque solo fuese un caso, sería una actuación incompatible con el derecho a la vivienda.

¿Se mantiene a toda la población o se expulsa a los “indeseables”? ¿Adónde irán? Antes hablábamos del derecho a la vivienda. Pero ahora entremos en otra polémica: ¿Adónde se expulsaría, de poder hacerlo o ser razonable, a la población “molesta”? ¿Dónde iría? Por supuesto, todo el mundo tiene que cumplir las leyes y respetar la convivencia. Y para defender este principio están las denuncias y la policía. Recordemos el plan propuesto en Barcelona, hace años, para la “expulsión de habitantes indeseables”. Consistía en 4 actuaciones enlazadas, cada una con sus propios objetivos, pero aplicadas de forma torticera para su utilidad hacia el objetivo de la expulsión. Se proponía en primer lugar el “control de extranjeros irregulares que facilite y acelere su expulsión”. Lo segundo, un plan específico contra la venta de droga. Tercero, plan para controlar los «establecimientos públicos que atentan contra la seguridad ciudadana, especialmente bares y pensiones». Y cuarto, estudiar las posibles declaraciones de ruina en la zona, para expulsar a los residentes en ellos. Pues bien: los controles que procedan, de todo tipo, y las declaraciones de ruina no son instrumentos que deban utilizarse para objetivos diferentes del que llevó a crearlos. Sino que tienen un ámbito de actuación claro, que debe respetarse.

Qué hacer en los casos de “okupación”. Legalidad, obviamente. En ocasiones se alude a la existencia de “okupas” para desacreditar las actuaciones que se llevan a cabo. Pero ¿qué se hace en otros ayuntamientos o comunidades? ¿Hay alguna referencia que pueda ser válida? Por lo general se limitan a insistir en la necesidad de denuncia por parte de los propietarios, a promover el uso de viviendas y locales vacíos (es decir: antes de la ocupación); el tapiado de construcciones paralizadas (también previo); o “pedir a los bancos que cedan sus viviendas para regularizar las ocupaciones”. Lo cierto es que alguno de los partidos que más hablan de este tema (ahora, y fuera de los lugares en que gobiernan) no hicieron nada cuando gobernaban; ni lo hacen desde la comunidad autónoma. Y lo que plantean ahora es proponer la modificación de algunas leyes estatales, como la de Seguridad Ciudadana.

El Plan social y la convivencia. Lo cierto es que también se alude a la necesidad de un Plan social previo a cualquier actuación urbanística. “Poner en marcha programas de formación e inserción laboral antes de acometer una reforma de los bloques”, que se aplazaría “a un segundo momento”. ¿Por qué? ¿Es lo que tenía programado el PP en el 29 de octubre? En absoluto. Sin embargo, en la actualidad hay en esa misma zona tres personas (contratadas por Viva: una educadora social, una trabajadora social y un mediador) que se dedican a llevar adelante un plan social amplio y ambicioso. El objetivo general de ese plan social es el de “favorecer la convivencia en el barrio fomentando la participación a través de la creación de espacios de encuentro para y con los vecinos y propiciando que los propios vecinos asuman el protagonismo para asegurar la sostenibilidad del proceso”. Para lo que se proponen otros objetivos específicos: motivar para la constitución de las comunidades de propietarios, programar actividades de socialización que faciliten la convivencia, el respeto y el conocimiento intergeneracional.; intervenir y educar en convivencia a través del deporte, ocio y tiempo libre; facilitar y orientar a las mujeres que quieran incorporarse a la vida laboral en aspectos relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar y en formación para el empleo. Y otra serie de ellos.

El horizonte del 29 de octubre. Así las cosas, y después de las consideraciones anteriores, consideramos mucho más ventajosa una acción pública centrada en la consolidación y saneamiento de las edificaciones existentes, mejora de la urbanización y puesta en marcha de un plan social, en las zonas en que se vaya a actuar. Por las siguientes razones: 1ª. Porque se garantiza que no va a haber expulsiones de ningún propietario inducidas por la acción urbanística. Se trata del “grado cero” de cualquier actuación urbanística, pues no puede admitirse que para mejorar la calidad residencial de una zona se acabe expulsando a algunos de sus residentes. 2ª. Porque se asegura el mismo trato a toda la barriada. Permite plantear un proyecto común para las 570 viviendas (lo que no se hacía con el proyecto del PP). 3ª. Porque permite ofrecer un trato semejante en otros ámbitos de la ciudad que se encuentren en situaciones similares, en un plazo de tiempo razonable. Al ser una actuación realista (y yo la denominaría responsable), es extensible a otras zonas de la ciudad. 4ª. Porque valora las mejoras que los vecinos y vecinas han llevado a cabo en sus propias casas, mostrando un mayor respeto por el aprecio a la casa propia. 5ª. Porque evita largos traslados a una población que en un porcentaje elevado es de avanzada edad. Evita, por tanto, un proceso muy duro para esa población. Y muestra un mayor respeto para quien no quiere trasladarse. 6ª. Porque garantiza la financiación básica de toda la operación. Es decir, que ofrece seguridad de realización. En el proyecto anterior se preveía que la iniciativa privada aportase, solo en la primera fase, 3,8 millones de euros. Pero no apareció ninguna empresa dispuesta a abordar esa operación. 7ª. Porque se puede realizar en un plazo razonable de ejecución del total de la actuación. En 4 o 5 años podría estar completada. En el proyecto anterior solo se programaba (y con financiación incompleta, como se ha dicho) una sola fase. 8ª. Por razones medioambientales. Frente a los modelos fundados en la financiación de las obras a base del incremento de la edificabilidad, parece preferible el mantenimiento, siempre que sea posible, de la edificación existente. En estos momentos, la propuesta anterior está fuera de la ley. Porque no se permite ninguna actuación que lleve a demoler más del 50% de las edificaciones existentes.

El horizonte de Aramburu y Las Viudas. En esta zona se hizo la reforma de dos portales (el 1 y el 3 de la calle Hornija) hace años, y se abandonó la propuesta que llegó a elaborar la Universidad de Valladolid, después de que la mayor parte de los residentes, con una situación económica más que precaria, se toparan con la obligación de tener que aportar 3.000 euros por casa. El Ayuntamiento actual tiene previsto actuar de forma semejante a la del 29 de octubre. Y para su financiación se está concluyendo un plan especial (PE de Reforma Interior APE-63 Nuevo Hospital y Polígono Viudas-Aramburu) que vincularía los beneficios obtenidos de la reurbanización de Zambrana a la mejora de esta zona vecina. Una operación más costosa que la del 29 de octubre (son más viviendas: 780).

Otras zonas de rehabilitación. Está previsto continuar con actuaciones semejantes en el resto de las zonas de la ciudad que más lo necesitan. En el Plan de Vivienda se incluye un estudio multifactorial en el que, después de analizar con gran detalle todos los ámbitos de la ciudad se determinan los que precisan una intervención pública más pronto. Los indicadores estudiados han sido la población mayor de 75 años, número de viviendas en las que residen un mayor de 65 años que vive solo, nivel de prestaciones sociales, tamaño, antigüedad y valor catastral de la vivienda, entre otros. Y las zonas resultantes son, además del 29 de octubre y Las Viudas, una serie de manzanas en Barrio España, en Girón, en Huerta del Rey, Paseo Zorrilla Alto, Camino de la Esperanza, Pajarillos (altos y bajos), Pilarica, Caamaño, y otras viviendas unifamiliares de distintas zonas.

LA CONTROVERSIA SOBRE LA ACCIÓN AFIRMATIVA

La acción afirmativa. Como hemos visto, en el Plan de vivienda se aplica la política de “acción afirmativa” o “positiva”, dirigida a favorecer a determinados grupos de población por el interés general, para conseguir el equilibrio de sus condiciones de vida con el más general de la población. O para alcanzar otros objetivos de interés general. Aunque generalmente se refieren a acciones que se refieren personalmente a determinados grupos sociales desfavorecidos, también se plantean este tipo de acciones para justificar tratos preferenciales en materia de vivienda (por ejemplo, el caso de Starrett City, Brooklyn, Nueva York, citado por Michael J. Sandel en Justicia ¿Hacemos lo que debemos?, Barcelona, 2016; or. de 2010). El de las acciones afirmativas es un debate que desde hace tiempo marca la política social.

El merecimiento moral y la justicia distributiva. Es preciso tener en cuenta que, al aplicar ese tipo de políticas, no se trata de juzgar los merecimientos de nadie para obtener determinados beneficios sociales al margen de los objetivos que se pretende conseguir. Lo que cuenta solo se podrá definir una vez que se hayan establecido los objetivos específicos del programa que se quiera aplicar. Lo cual es, evidentemente, problemático. Pues “prescindir del merecimiento moral como fundamento de la justicia distributiva resulta moralmente atractivo, pero a la vez desasosiega” (seguimos con Sandel).

Los debates complejos tratados en bruto. Lo cierto es que no es fácil plantear de forma sencilla y ordenada debates complejos como éste que nos ocupa. Mucha gente no tiene tiempo para leer y estudiar todo. Pero lo peor es cuando quienes deben plantear el debate optan por eslóganes de brocha gorda. Que podrán ser eficaces, desde su perspectiva. Pero que contribuyen a extender la xenofobia y el miedo y a machacar la justicia distributiva y la solidaridad. Hay un libro de Cesare Pavese titulado Trabajar cansa: una obviedad, desde luego. Pero que nos lleva a pedir, por favor, también, un esfuerzo por pensar algo más las cosas. Pensar también cansa.

UN DEBATE PARA LA MESA

Otro conjunto de acciones afirmativas en vivienda. Acusar a la política de vivienda municipal de favorecer a una determinada zona o a ciertos grupos de población es, como decíamos al principio, muy irresponsable. Sobre todo cuando repasamos las propuestas en materia de vivienda que tienen los demás grupos. Todas son “acciones afirmativas”, pero dirigidas a unos u otros grupos de población, y a unas u otras zonas, dependiendo de los objetivos que se busquen. Y así, por ejemplo, si vamos al programa electoral del PP (no ya a lo que realmente hicieron; que ya lo comentamos antes), vemos que proponen ventajas para mayores y jóvenes, sin reparar en su capacidad económica. Y cuando plantean viviendas para los sectores que no pueden acceder al mercado, esperan resolverlo con viviendas vacías de los bancos, que las cederían sin más al municipio. También proponen actuar en el 29 de octubre (¡con una inversión de más de 80 millones!). Y subvencionar a quienes, viviendo en los municipios de alrededor decidiesen instalarse en Valladolid, sea cual fuere su condición económica. Esas son las “acciones afirmativas” que se planteaban desde el PP. ¿Se entiende ahora el despropósito de las declaraciones del portavoz del PP con que iniciábamos este texto?

El debate en la calle: la presencia de la Ser y la Coordinadora de Pajarillos. Salvo una excepción no ha habido ninguna asociación o institución (colegios profesionales, por ejemplo) que haya salido en los últimos días en defensa de las líneas principales de la política de vivienda. El debate sobre la política de vivienda no ha sido apoyado públicamente. Tan solo la Coordinadora contra el Narcotráfico de Pajarillos ha dicho que las declaraciones de origen de este asunto han sido recibidas “con estupor” por los integrantes del colectivo que recuerda que “en el 29 de Octubre y alrededores viven centenares de familias honradas, que son las primeras que sufren las consecuencias de las bandas criminales que utilizan esta zona de la ciudad como base de actuación para el narcotráfico”. Y consideraron las declaraciones del señor Martínez Bermejo como “un atentado a nuestra dignidad como vecinos y vecinas”. Tras ello, disculpas. Por otra parte, debe señalarse cómo la Cadena Ser planteó un debate específico en Pajarillos para tratar el asunto. Y nada más. Nadie movió un dedo.

Evitar daños y promover el debate. El Plan de vivienda tiene que tener apoyo. Todo se puede hablar y discutir. Hay asuntos en que es lógico que cada formación política tenga su propio programa de actuación. Y también sería normal que hubiese un cierto consenso en las actuaciones más sensibles. Las políticas de alentar el miedo, extender la sensación de inseguridad, decir que la limpieza no es buena, etc., son muy jugosas para intentar sacar rédito electoral. También excitar agravios comparativos… e insolidaridad. Pero sería bueno poder alcanzar cierto consenso sobre los asuntos más delicados de la intervención en la vivienda, y evitar hacer un daño difícilmente superable. Por responsabilidad. Por el interés general.

(La imagen del encabezamiento es de la calle Águila, y fue publicada por El Norte de Castilla el 19 de julio de 2018).