Buenas tardes, lectoras y lectores.

Un tema primordial, en el debate que nos ocupa, es el de los referentes de la acción política. ¿Cuál es la referencia, quiénes son las personas que tienen en mente los cargos públicos cuando actúan como tales? Suele decirse que sólo ven (que solo vemos) a la gente exclusivamente como votantes potenciales. Y que, en consecuencia, se gobierna pensando en los posibles réditos electorales. Lo cual puede ser cierto en periodos próximos a unas elecciones, pero no tanto en los primeros años de gobierno, cuando se ponen en práctica las políticas que realmente se quieren hacer. En esos periodos, ¿con qué idea se gobierna?

Creo que hay dos malas prácticas que suelen superponerse. Una es el de actuar para un supuesto ciudadano medio. Y otra, que se suma al anterior, la de no contar con suficiente información sobre las características de esos ciudadanos que consideremos como referentes.

En primer lugar, si se gobierna para el ciudadano medio es posible que se dejen fuera del campo de visión los extremos, y que éstos se traten más bien como excepciones que deben resolverse con métodos también excepcionales. Las propuestas que se hacen suelen ser injustas con la población con menos recursos.

Un ejemplo lo podemos ver con las políticas de movilidad. Se suelen plantear pensando en que “la gente” se mueve andando, en bici, en autobús y en coche, según momentos y circunstancias. Pero lo cierto es que hay un sector muy amplio de la población que solo lo hace andando, y ha de renunciar a cualquier otro. Por diversas razones, entre las que debería considerarse el hecho de no poder pagar el autobús o no poder siquiera acceder físicamente a él. Y no es lo mismo pensar en una red completa, amplia y segura para el movimiento peatonal, de tal forma que condicione a todas las demás, que construirla después de que se haya decidido por dónde se mueven los coches (lo que llevaría a construir una red peatonal subsidiaria respecto a la movilidad rodada: los peatones tendrían que ir dando rodeos, subiendo a pasos elevados, jugándosela en semáforos con el naranja intermitente para los coches, o corriendo a todo correr en otros semáforos en los que no tienen tiempo para cruzar a poco mayores de edad que sean).

Otro ejemplo podríamos verlo en el denominado “urbanismo con perspectiva de género”: si no piensas como mujer es difícil que diseñes en función de las necesidades específicas de las mujeres. En consecuencia, no vale solo con pensar en el ciudadano medio, sino que hay que establecer mecanismos para garantizar que la política cumpla lo que dice que son sus objetivos, conociendo las formas de actuar de los más favorecidos y poniéndose en el lugar de los más castigados.

Susan George, por otro lado, alertaba insistentemente sobre el desinterés, tanto de los investigadores como de los políticos, por la forma de vida de los más ricos. Siempre decía: “Estudiad a los ricos y poderosos. Los pobres no necesitan que investigadores como nosotros les digan qué va mal. Ya lo saben”. Pensaba que se podían obtener importantes consecuencias políticas del conocimiento de la manera de actuar de quienes tienen las riendas de la economía. Lo cual vale también para nuestra ciudad.

¿Y cómo hacerlo? Porque también tenemos que considerar la cuestión de la información. Contamos con algunas estadísticas, pero es evidente que no ofrecen suficientes datos concretos. Las encuestas diseñadas por el INE, por ejemplo, aun siendo útiles no llegan, obviamente, al detalle que necesitamos. Precisamos un esfuerzo de información local, concreta y permanentemente actualizada sobre la situación de Valladolid, de cada uno de sus rincones y de las características de los hogares para evitar propuestas groseras y poder llevar a cabo políticas de detalle. Una información que no tenemos; y que, además, el actual equipo de gobierno no ha mostrado (por más que lo hemos reclamado en distintas ocasiones) el menor interés por obtenerla. Una información, por último, que no es suficiente.

Una estadística que no elimina la necesidad de conocer casos concretos, las circunstancias vitales de algunas personas directamente afectadas por los hechos de que se trate, por las políticas que se pretenda aplicar.