Como se ha explicado en numerosas ocasiones, los terrenos previstos para el Campus de la Justicia de Valladolid comprenden dos parcelas. Una, la del antiguo Colegio de El Salvador (en realidad ocupa dos parcelas catastrales, pero van juntas en el lote); y otra, la del parking del Hospital Rondilla (antiguo Pío del Río Hortega). Vayamos con la primera, que es donde se centra todo el debate.

Se trata de una parcela que, finalmente, y después de la moción sobre este asunto aprobada por unanimidad en el Pleno municipal de julio de este año, fue solicitada por el Ministerio de Justicia el día 26 del mismo mes. Conviene recordar que no se puede tramitar la entrega de un suelo si no ha sido solicitado por la administración hacia la que va. Unos días después, el 9 de agosto, se envía al Ministerio desde el Ayuntamiento el acuerdo de la Junta de Gobierno de compra del Colegio y las notas simples que acreditan en el Registro que el Ayuntamiento es el titular. Después se han enviado también las dos certificaciones (una, del Secretario del Ayuntamiento, donde consta que figura en el Inventario; otra, del Interventor, en la que también se hace constar que no hay deuda pendiente de liquidación); y el dictamen del Director del Área en el que se asevera que tales bienes (la parcela citada) están destinados en el PGOU para Campus de la Justicia. ¿Faltaba algo?

Sí. Faltaba un documento más (como se reclama en el art. 110 del Reglamento de Bienes) que debe aportar “la Entidad solicitante” (es decir el Ministerio, obviamente). Un documento que tuvimos que recordar que lo estábamos esperando. Se trata de la justificación documental “del carácter público” de esa misma Entidad, junto a una “Memoria demostrativa de que los fines que persigue han de redundar de manera evidente y positiva en beneficio de los habitantes del término municipal”. Una Memoria que ha llegado, finalmente,… ayer. Después del Pleno de octubre. Horas antes de las declaraciones públicas sobre los Presupuestos. Hay que advertir que sin esa Memoria no es posible sacar a “información pública por plazo no inferior a quince días” el expediente de cesión, y por tanto no es posible llevarla a efecto.

¿Va a seguir adelante la cesión del suelo? ¿Tiene sentido que siga, en las condiciones previstas en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, conocidas hace un par de días? Porque hay que recordar que el Ministerio podía haber realizado el proyecto (total o parcial) del nuevo Campus desde el 13 de noviembre de 2020, el día en que se firmó un «Convenio de uso» con Sareb, precisamente para permitir el acceso libre a la parcela y realizar esos trabajos de redacción de proyectos. Algo que se indicó al Ministerio en numerosas ocasiones, y que conocía perfectamente. Pero nunca quiso ponerse a ello. Y tampoco, al parecer, lo quiere ahora.

(Imágenes: Condiciones urbanísticas de la parcela, según el PGOU 2020 -arriba, en el encabezamiento-; y perspectiva de una posible ordenación del nuevo Campus, también conforme a las previsiones del PGOU).