Lo ha dicho hoy mismo el senador Koldo Martínez Urionabarrenetxea (de Geroa Bai). El proyecto del Campus de la Justicia que está impulsando el gobierno municipal de Valladolid es “un proyecto más centrado, en el doble sentido de que no saca los servicios judiciales del centro de la ciudad, y en el sentido de que parece más racional”. Y está bien dicho. Creo que nadie defiende ahora otra localización distinta. Eso sí: la queja es por el tiempo que lleva el proceso. Mucho más de lo previsto. Porque todo está resultando de gran complejidad.
Al llegar al gobierno municipal, muy pronto se decidió ocupar dos parcelas: la del colegio del Salvador y otra que se formaría al lado, en el espacio hasta ahora ocupado por el parking del hospital Rondilla (propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, TGSS), que se trasladaría hacia el interior. Pronto se dispusieron los instrumentos urbanísticos para que el Ayuntamiento se hiciese con ambos suelos. Pero con lo que no se contaba fue que el propio Ministerio no se dispuso a actuar en esos suelos hasta que quedase completamente solventada la posibilidad de que hubiese algún litigio judicial sobre el proceso.
El propio Ministerio de Justicia recelaba del resultado de un posible proceso judicial. Con lo que se intentaron múltiples fórmulas para que el Ayuntamiento se hiciese con los suelos por otras vías (compra directa, operaciones urbanísticas con otros suelos como el de la Electra, permutas con Sareb, etc.). Finalmente se siguió un trámite distinto para cada una de las dos parcelas. En el caso del Salvador se adquirió a Sareb, por el valor que tasaron los técnicos municipales (6,9 millones de euros). Y para la parcela del aparcamiento del hospital se siguió con la gestión urbanística, sabiendo que la TGSS estaba de acuerdo con obtener otro suelo en el sector de Zambrana (con el que se vinculaba en la operación urbanística).
Este último trámite depende de que finalmente se apruebe el “proyecto de actuación” de ese sector (Zambrana), que se ha retrasado al presentarse una alegación, que se ha atendido, y que hace preciso la firma previa de un convenio con la TGSS. Un trámite, como digo, en el que se está ahora. Cuando finalice estarán las dos parcelas a disposición del Ministerio, sin recurso posible, y se podrá desarrollar el nuevo Campus, y por parte del Ayuntamiento se habrá cumplido, con éxito, el objetivo planteado.
De todo esto se ha hablado esta misma mañana en el Senado (precisamente de ese debate procede la cita con que iniciábamos este post). Y no está mal leer el informe que presentó el Ministerio para la ocasión: “El Ministerio de Justicia se encuentra trabajando en estos momentos en el Nuevo Complejo de la Justicia de Valladolid. Se trata de un contrato de obras, de construcción (obra nueva) de infraestructuras judiciales, con una superficie de 27.700 m2 construidos, cuya fecha de inicio de la ejecución se encuentra fijada para el año 2023 y fecha de finalización estimada para el año 2026. La inversión prevista para la Fase I del referido proyecto es de 30.000.000 €, de los cuales se encuentran dotados en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 un total de 100.000 €, correspondiente a los estudios previos para la redacción del proyecto, una vez que se haya formalizado la cesión de las parcelas del Ayuntamiento de Valladolid al Estado para tal fin (estando actualmente en tramitación el expediente patrimonial)”.
“Asimismo -continúa-, debe tenerse en cuenta que la nueva ciudad de la Justicia de Valladolid conlleva la construcción de un complejo edificatorio que concentrará los órganos judiciales de la localidad, con espacio de reserva suficiente para futuros crecimientos. Se estima una necesidad de 27.700 m2 construidos. Todavía no existe disponibilidad presupuestaria definitiva de una de las dos parcelas. El Ayuntamiento está gestionando su adquisición para la posterior cesión gratuita al Estado de ambas. A la vista de todo ello, en consecuencia, se considera que la ejecución del proyecto Nuevo Complejo de la Justicia de Valladolid se encuentra plenamente respaldado presupuestariamente por el Ministerio de Justicia en estos momentos”.
Es curioso ver cómo este asunto también lo hemos visto en muchas otras ciudades. No solo de España (los procesos de creación de nuevas “ciudades de la justicia” son numerosos), sino en otros países. Por ejemplo, en Ipswich, la capital del condado de Suffolk, en Inglaterra. Es algo más pequeña de Valladolid (solo cuenta con 130.000 habitantes), pero el problema es semejante. Algunos juzgados estaban ocupando espacios inapropiados (“un baño se ha convertido en una cocina y una sala de reuniones se utiliza como área de almacenamiento. Los archivos se apilan en los escritorios porque los armarios destinados a albergarlos están llenos”). Y se pensó que “la solución más fácil y rentable al problema del tribunal de justicia de Southold Town fue construir un nuevo edificio en una propiedad de la ciudad detrás del Ayuntamiento”.
Creo que en Valladolid (donde también se han ocupado edificios de vivienda para juzgados) estamos a punto de resolver, por bastantes años, la ubicación de las sedes judiciales. En este punto, estamos cerca de concluir el proceso.
(Imagen del encabezamiento: Infografía recreando una posible solución del nuevo espacio del Campus de la Justicia ocupando la parcela del colegio del Salvador -que en esta infografía se mantiene, aunque no es obligado hacerlo- y la parcela anexa. La imagen de la nieve corresponde a esta noticia sobre Ipswich).