He tenido ocasión de leer (anoche) un informe sobre dos mujeres de la Tierra de Barros, de Santa Marta, que murieron fusiladas en septiembre de 1936. Terrible. Es verdad que no hay nada en él que a estas alturas pueda sorprendernos. Pero no puedo evitar la náusea de la historia, la repugnancia de los hechos, e incluso las arcadas por la redacción misma de los expedientes administrativos en que se argumentaban las ejecuciones. O los que pretendían justificar la incautación de sus bienes, incluso aunque se constatase “la situación legal de insolvencia del inculpado”. Da igual. “No poseyendo su mujer, también finada, ni demás familiares bienes de ninguna clase, siendo los medios de subsistencia con que cuentan sus hijos el jornal eventual que ganan”. Da igual. Incautemos. Qué asco. Qué miseria moral.
Ambas, madre e hija, fueron asesinadas “por las fuerzas sublevadas” en su localidad. Una en la madrugada del 24 de septiembre de 1936. Otra en la del 27. Mujer e hija de un trabajador que, en los días inmediatos a la sublevación militar del 18 de julio de 1936 pasó a formar parte del Comité de Defensa republicano. Un dirigente, según se nos dice en el expediente, “peligrosísimo por poseer una regular cultura y gozar de prestigio entre el elemento obrero”.
En la notificación al Gobernador Civil de Badajoz para justificar la incautación, dos años después de haber sido fusiladas las tres personas (padre, madre e hija), el Comandante Militar de Santa Marta (un alférez de la Guardia Civil local), se regodea en lindezas literarias: “Este desventurado fue siempre persona propicia a albergar a otras de dudosa y peligrosas condiciones, tanto en el orden político social como en conductas personales: con su proceder llegó a conseguir que sus familiares produjesen la gestación correspondiente en sus ánimos, que llegaron a adquirir por ello el concepto entre el vecindario de personas malas, y propicias a todo aquello que estuviese repudiado por la justicia; perteneció a la Casa del Pueblo, a la Junta Inspectora de Abasto, del Comité Rojo, su hija mayor desempeñó un cargo en la Directiva de la Casa del Pueblo, lanzó a su hijo Joaquín a que se incorporase a las Milicias MARXISTAS, y puede considerarse sin temor a equivocarse que desempeñó desde hace bastante tiempo el papel de confidente o enlace con los elementos marxistas. Hallándose, por tanto, comprendido en el apartado 2º del art. 2º del Bando, procede, a juicio de esta Comandancia, se declaren confiscados todos sus bienes, según el Inventario formado al efecto, que figura unido a las presentes diligencias”. Qué bonito. Pero nuestro alférez, un hombre de bien, no pierde la humanidad: “Es muy de tener en cuenta que quedan 5 huérfanos menores, sin recursos de ninguna clase, y que por su edad no deben ser responsables de los actos de sus padres y familiares que hayan intervenido en contra del Movimiento del Ejército Salvador de España”. Conmovedor. Vibrante.
Sé que en este contexto de muerte, asesinatos y miseria, el comentario que voy a hacer es cosa muy menor. Pero me hierve la sangre también, por si fuera poco, al ver la forma en que está redactado todo. Literatura de la buena en los expedientes administrativos. Al parecer, se dice allí, el desventurado murió “a consecuencia de muerte violenta, según resulta de la información testifical verificada y reconocimiento practicado, y su cadáver recibió sepultura en el cementerio de esta localidad”. Pues no, mi alférez. Fusilado. Se dice fusilado. Y las dos mujeres también fueron fusiladas. Y más que fusiladas. Según consta en el informe, “M. fue violada repetidas veces antes de ser (fusilada) en las tapias del camposanto. Al día siguiente, su hermano y otro familiar recogieron los cadáveres y los enterraron”.
¿Muerte violenta? No. Se dice fusiladas. Se dice fusilados.
(Foto: Olivares y vides junto a la sierra de la Calera. Procedente de naturalmentebadajoz.com).