Permítanme comenzar con una obviedad: no es lo mismo ver una estadística que conocer a las personas a que se refiere. Y otra: no vale igual un resultado de síntesis final que la lectura pormenorizada de las informaciones primeras que la constituyen. Es verdad que con datos desagregados no se pueden tomar decisiones de conjunto. Pero también es cierto que si nos quedamos solo con la suma final probablemente no entendamos bien el fondo del asunto sobre el que se quiere actuar. Y hago este preámbulo de obviedades para presentar algunas informaciones detalladas sobre las actitudes del vecindario de la primera fase del proyecto del “29 de octubre” que considero necesario exponer.

El pasado 15 de junio (el lunes siguiente a la toma de posesión como concejal de Urbanismo) tuve una primera reunión con el Gerente de Viva, para conocer la situación de los proyectos en curso. Y en ella me facilitó una información que ya había solicitado meses antes (en abril), pero que entonces no se me permitió conocer. Me refiero a las notas que se tienen en Viva, como resultado de las reuniones que se han ido manteniendo con los vecinos afectados por la primera fase del proyecto del 29 de octubre. Debo decir que se trata de una información sensible, delicada, que hay que tratar con sumo cuidado, por supuesto. Pues no es admisible exponer datos, expresiones o informaciones que comprometan la privacidad de las personas afectadas. Pero, repito, tampoco basta en casos como el que nos ocupa con una estadística final. Creo que es necesario ampliar la información, “encarnarla” de alguna forma, aunque evitando, como digo, rebasar los límites de la obligada privacidad.

Las notas que comento son las que habrían constituido la base de la comparecencia pública que llevaron a cabo la Concejala de Urbanismo y el Gerente de Viva el pasado 12 de marzo de 2015. En tal fecha ambos responsables (político y técnico) de la política de vivienda municipal dijeron lo siguiente, sobre las expectativas de la población respecto a “la primera fase del proyecto de Área de Renovación Urbana (ARU) de ‘29 de octubre’, que afecta a 174 viviendas”. Se aseguró entonces que se habían mantenido encuentros con los propietarios de 140 de ellas, mientras que de los 34 restantes se comentó que “ni han aparecido ni van a aparecer porque o bien son ‘personas problemáticas’ o no se niegan a reunirse con el Consistorio”.

Se dijo también que como resultado de esas entrevistas pudo saberse que «casi el 50% de los vecinos, es decir entre 80 y 85 familias, estaría dispuesto al cambio de vivienda antigua por vivienda nueva, de acuerdo con las obligaciones que plantea el proyecto de actuación” (adquisición de plaza de garaje y trastero, con un desembolso total de unos 20.000 euros). De modo que la primera fase se concretaría en la demolición de los 29 bloques que albergan las 174 viviendas citadas y la edificación de un gran bloque de viviendas que acogería entre 80 y 85 pisos, suficientes para alojar a las familias interesadas en el cambio.

También se aseguró que “un pequeño porcentaje de propietarios, unos 18, que en su mayor parte son personas mayores, optarían por quedarse en los apartamentos de alquiler social —rentas de en torno a 150 euros al mes—, situados junto al colegio Lestonnac y enfrente de los bloques que se derribarán”, recibiendo la cantidad correspondiente a la expropiación (unos 22.000 euros). Y finalmente se dijo que el resto de los propietarios, “unos 70, serán expropiados forzosamente”. El gerente de Viva apuntó entonces “que entre ellos se encuentran las personas que no tienen voluntad de participar en el proyecto por diversos motivos, así como las viviendas vacías y las que pertenecen a varios herederos o son titularidad de personas jurídicas”.

Por lo que hemos podido ver ahora, las entrevistas se realizaron entre los primeros días de noviembre de 2014 y el 11 de mayo de 2015. Por tanto, el “proyecto de actuación” de la zona se hizo sin suficiente información. Y la comparecencia pública a que nos referimos (del 12 de marzo) se hizo sin haber concluido las visitas. Se dijo que a finales de mayo se firmarían los convenios con las familias que estaban dispuestas a acceder a una vivienda nueva a cambio de la actual y el pago de 20.000 euros. Pero no se ha hecho. En cualquier caso en este momento resulta crucial el conocimiento detallado de las notas antes citadas, donde se sustentan los números ofrecidos. ¿Qué dicen esas notas? ¿Qué hay debajo de aquellas cifras? Y sobre todo, ¿en qué situación se encuentran esos 70 casos que “serán expropiados forzosamente”?

Hemos podido ver que cuatro de las viviendas son propiedad de bancos. Otra es de una promotora. Y una más de una compañía religiosa. El resto son todas propiedad de personas físicas. De ellas se encuentran alquiladas del orden de media docena (con o sin contrato). Y hay “ocupas” únicamente en cuatro casos. Los locales comerciales son seis.

De las entrevistas se deduce que solo en 65 casos (de los 174 totales) los propietarios se muestran favorables al “cambio de vivienda por vivienda» (con el mismo tamaño que actualmente tienen; pues solo en cinco ocasiones se plantea el posible aumento de superficie, generalmente para incorporar una habitación más). Y en otros 14 casos se habla de la posibilidad de ese cambio (“vivienda por vivienda”), aunque ofreciendo dudas respecto a otras posibilidades (el alquiler o la expropiación).

En 17 casos se habla de la posibilidad de ir a los apartamentos de alquiler social (con rentas en torno a los 150 euros al mes). Aunque solo en cuatro ocasiones se expresa la preferencia por esa opción con claridad. En todos los demás casos en que se plantea esa posibilidad se ponen de manifiesto bastantes dudas. Los 17 casos de que hablamos se refieren en su totalidad a personas mayores que viven solas (solo en dos ocasiones viven dos personas). A veces se pide un alquiler social en otros barrios.

Hay casi 40 casos en los que se habla de preferir la expropiación. ¿Quiénes quieren la expropiación? Por de pronto hay algunas viviendas que son propiedad de personas que no viven en la zona, o que ni siquiera viven en Valladolid y están vacías. En dos de ellas las mujeres que las ocupaban están ahora en residencias de personas mayores. En otra el propietario falleció hace algunos años. En una cuarta todos los herederos viven fuera. Y en otra más se hace constar que sus propietarios están fuera y “con sus vidas hechas”. También se comenta que dicen no necesitar la vivienda “para nada”. Creo que, con los datos que aparecen en las fichas, hay en total unas diez o doce viviendas que se encuentran vacías (no está del todo claro). En algún caso hay dudas, pero el total es más o menos de ese orden.

Sin embargo, el resto de la casi treintena de casos en que los actuales propietarios dicen optar por la expropiación la explicación no es tan sencilla y la lectura de las notas es más inquietante y exige un análisis muy cuidadoso. Parte de ellos lo plantean como solución a un embargo o lo vinculan a una posible “dación en pago”. Veamos: “No puede hipotecarse más. Así que (propone que) le expropien y el dinero que se lo lleve el banco. Él les da las llaves y se va”. Otro caso se muestra también dispuesto a irse (e incluso regresar a su país). En otros casos más están viviendo otras personas más en el piso (amistades de los propietarios, o incluso una hija), sin contrato alguno. En ocasiones lo hacen “para que no entren ocupas” (se dice así en dos casos). Y hay (ya lo dijimos antes) algunas viviendas “ocupadas”. Por personas de las no sabemos nada de sus circunstancias. Por último, también hay quien opta por la expropiación simplemente porque prefiere hacerse con el dinero que se le ofrece y marchar (un caso).

Por otro lado nos encontramos con unos 30 propietarios que prefieren “quedarse como están”. Entre ellos se encuentra una persona que avaló a su hijo con el piso, y que piensa que si van a la expropiación el dinero se lo queda la UCI. Está en paro y no pueden pagar los 20.000 euros. También una mujer mayor que compró el piso hace unos quince años y lo ha arreglado mucho (“está contenta con sus vecinos actuales”). O un matrimonio con dos hijos que compró el piso hace unos diez años y se han gastado casi 10.000 euros en arreglarlo. Están los dos en paro. O una mujer mayor, que vive sola “muy a gusto”. U otra, heredera de los primeros ocupantes, que vive sola en su piso, “completamente reformado”. También forma parte de este grupo un trabajador actualmente en paro, copropietario de la vivienda con sus hermanos, a quien no le interesa ni la expropiación ni pagar por una nueva vivienda. Y una mujer que “lleva 50 años viviendo allí y quiere quedarse como está hasta que se muera”.

Igualmente quiere quedarse como está un trabajador autónomo que vive solo, sin cargas, y que no quiere hipotecarse: “quiere que le dejen como está”. O un hombre de mediana edad que vive fuera por motivos de trabajo, pero le gustaría poder regresar a Valladolid. Su vivienda está bien, y no quiere ni puede tener más gastos. O un matrimonio mayor, que vive con su hijo (actualmente en paro), y tienen muchos gastos médicos. No pueden pagar nada por la nueva casa. También hay que hablar del caso de una mujer mayor que simplemente quiere “que la dejen en paz”. U otra mujer mayor que vive con algunos de sus hijos, todos en paro, y que solo cuentan con los ingresos procedentes de la pensión de la madre. O un hombre de mediana edad que vive solo. Compró la casa hace unos diez años y la sigue pagando. Y no quiere meterse en más gastos. O una mujer que acaba de heredar el piso (y la hipoteca), y quiere su casa tal y como está, “con sus recuerdos”.

Un matrimonio joven con dos hijos, que tienen una deuda hipotecaria muy alta. Una mujer joven, que vive sola. Compró la vivienda en 2011, tiene una hipoteca elevada y quiere quedarse como está. Un matrimonio joven, con un hijo pequeño. Están ambos en paro. Compraron el piso hace diez años por un precio muchísimo más elevado que el que ahora se plantea en la expropiación. Y aún deben mucho. Una mujer de elevada edad que “no quiere líos”, ni irse ni comprar plaza de garaje. Una mujer que vive con sus tres hijos, con la vivienda totalmente pagada y que quiere que le dejen como está. Otro caso: el de un matrimonio mayor, que no salen prácticamente de casa. “Dice que sus padres no están para estos jaleos”. Una mujer mayor, que lleva más de 50 años viviendo allí y no quiere moverse. Y algunos otros casos más.

Tal es el panorama. Y cabe, con lo visto hasta aquí, establecer alguna conclusión final. No estamos hablando ahora (ya habrá ocasión) de la financiación del proyecto. Tampoco de los problemas de definición de este tipo de actuaciones, siempre complicadísimas, y que solo han funcionado medio bien (con muchas críticas) cuando había tanta actividad inmobiliaria como para poder compensar los gastos con el aumento de la edificabilidad. Es decir, que al poder construir más viviendas de las existentes, los beneficios de las nuevas casas permitían financiar al menos parte de las obras. Sabemos que ahora todo es muchísimo más difícil.

Pero lo que nos parece esencial es salvaguardar en todo caso el derecho a la vivienda de las personas afectadas directamente. ¿Está protegido con el diseño de la operación planteado hasta ahora? Me temo que no. Precisamente por eso, por las dudas que podía ofrecer en ese sentido, insistimos en conocer la información que ahora hemos visto. Y que se resume en lo siguiente: hay hogares, familias y personas que ahora tienen vivienda, y que después de la operación, como consecuencia de las expropiaciones planteadas, no la tendrán. Y también hay personas, hogares y familias que están a gusto en su actual vivienda y que se van a ver forzadas a efectuar un gasto que no han decidido, para una serie de mejoras que no quieren.

Existe mucho trabajo hecho en este proyecto. Y muchas expectativas de mucha gente. Hay un compromiso público de llevarlo a cabo que hay que cumplir. Pero hay que hacerlo bien. Es necesario, en mi criterio, garantizar que nadie va a ser expulsado de la zona en contra de su voluntad (o empujado, o invitado a marcharse), y ni mucho menos que va a perder su vivienda. De ahí que sea necesario corregir el proyecto para evitar que puedan darse esos inadmisibles resultados. Unas correcciones sobre las que nos debemos poner a trabajar inmediatamente.