Hay procesos políticos y económicos de orden internacional que nos van a afectar de forma decisiva, pero sobre los que no resulta fácil diseñar acciones efectivas de resistencia. En estos años hay que hablar del tratado CETA que se está negociando con Canadá; del Tratado de Comercio de Servicios (TISA), con 23 países; y por supuesto del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP, según el acrónimo inglés), por el que los Estados Unidos y la Unión Europea aumentarán el comercio y la inversión mutuos. Este último, del que nos ocupamos ahora, se está negociando con opacidad, pese a los enormes recelos (o precisamente por eso) que está suscitando. Cuando acaben las negociaciones deberá aprobarlo el Consejo Europeo, y posteriormente ratificarlo el Parlamento europeo y los parlamentos nacionales. No está previsto que se someta a referéndum ni en Europa ni en España.

El rechazo tiene múltiples facetas. Entre otras se puede citar, en primer lugar, que con este Tratado se impondrán por encima de los estados las políticas neoliberales que lo inspiran. Y se privatizará la justicia, al someter los conflictos sobre inversiones exteriores a procedimientos arbitrales privados. Se perderán, además, derechos laborales. Y se impulsará la privatización de los servicios públicos, al establecerse una lista reducida de los que no podrían privatizarse. Afecta a muchos aspectos importantes del Estado del Bienestar.

Una treintena de municipios se han opuesto abiertamente al TTIP mediante la aprobación de mociones en las que se declara la ciudad “opuesta a la implantación del Acuerdo”. También se han llevado a cabo “734 acciones en 46 países” bajo el lema “las personas y el planeta antes que el capital”. Ecologistas en acción ha elaborado un dossier. Y ha habido numerosas manifestaciones en toda Europa. Pero no es suficiente. Habrá que seguir trabajando y, sobre todo, estableciendo una estrategia útil para reconducirlo o frenarlo por completo.