Algunas consideraciones sobre la corrupción

Al analizar la forma de gobernar de los ayuntamientos en los últimos años, es obligado hablar de la corrupción. Ha sido uno de los fenómenos que han ocupado más nuestra atención. Y no sólo por su “dimensión bandida” (el saqueo de las arcas públicas), sino sobre todo por su potencial (literalmente) corrosivo. Un asunto, por lo tanto, crítico, importantísimo.

Como sabemos, se trata de un fenómeno de amplio alcance. Loretta Napoleoni (en “Economía canalla. La nueva realidad del capitalismo”, Barcelona, Paidós, 2008) nos lo sitúa en el contexto mundial, actualmente dominado (según cuenta) por la “economía canalla”. Corrupción ha habido siempre –escribe-, “pero en la economía canalla se multiplica a escala global”. En cualquier sociedad la corrupción se contrarresta con el conjunto de valores con los que coexiste, pero “la economía salvaje impone una baja calidad de vida que es perjudicial para todos, ganadores y perdedores, ricos y pobres”. España ha sido uno de los países más castigados por la corrupción en los últimos años, con escándalos en todas las comunidades. Y según el Informe 2006 (un año crítico en este asunto) de Transparencia Internacional, era precisamente el nivel local “el ámbito donde la corrupción es más elevada” en nuestro país. En Castilla y León ha habido varios casos llamativos, que han alcanzado incluso a la presidencia de las Cortes, nada menos.

La ciudad de Valladolid no es Marbella, sin duda, pero también se ha visto envuelta en varios casos de corrupción que no se han limitado a sospechas o acusaciones en la prensa, sino que en ocasiones han llegado a los tribunales. Ha habido asuntos muy llamativos, como el de los famosos pisos protegidos de Villa del Prado o el de los áticos del edificio de la plaza de Zorrilla, por ejemplo; que aunque no son propiamente corrupción, con frecuencia se les relaciona con los tratos de favor a ciertas empresas constructoras. Porque lo que puede considerarse una constante de los sucesivos gobiernos del actual alcalde es el apoyo diferencial a determinados promotores.

Fue muy llamativo todo lo que se hizo el verano último a propósito de Valdechivillas, pero hay que recordar también otros casos en los que se habló de corrupción, como los de Enertec, las «permutas teledirigidas» de Palomares, el perdón de la deuda de tasas entre 2005 y 2008, todo el asunto de los aparcamientos subterráneos (adjudicaciones extrañas) o los informes repetidos para adjudicar la obra del colector de Carrascal. Y un caso muy poco aireado, pero que consideramos importante: el informe Idom sobre el soterramiento, de 2002, donde estaban descaradamente descompensados presupuesto y resultado. Pero sobre todos ellos se encuentra la llamada “manipulación del Plan General” que salió a la luz en 2008.

Hay mucho escrito sobre el tema. Citemos sólo cinco textos, procedentes de muy distintas ópticas: el ya mencionado Informe 2006 de Transparencia Internacional sobre España; el libro de C. Conde Pumpido y otros cinco autores titulado “El Estado de Derecho Frente a la Corrupción Urbanística” (La Ley, 2007); el de R. Fernández Durán sobre “El tsunami urbanizador español y mundial” (Madrid, Marcial Pons, 2006); el artículo de Antoni Doménech “Corrupción en España” (www.rebelion.org); y el libro de J. Vidal Beneyto titulado «La corrupción de la democracia» (La catarata, 2010). En todos ellos y algún otro que también hemos consultado (García Rubio, Jiménez Sánchez) se dan indicaciones sobre cuáles son las raíces del problema y por dónde actuar. Para ser más operativos las hemos agrupado en los 25 puntos que enunciamos a continuación.

1. Modificar las fuentes de financiación municipal.

2. Modificar la financiación de los partidos políticos.

3. Disminuir la discrecionalidad de las actuaciones de los ayuntamientos.

4. Evitar la contratación a dedo y los fraccionamientos de contratos.

5. Aumentar el papel fiscalizador del Tribunal de Cuentas.

6. Aumentar el control de la Comunidad Autónoma sobre las actuaciones de los ayuntamientos.

7. Endurecer aún más las normas sobre transfuguismo.

8. Endurecer aún más las normas sobre incompatibilidades.

9. Endurecimiento de las sanciones para los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

10. Control de la enorme cantidad de dinero negro que se refugia en la construcción.

11. Definición de los intereses supramunicipales y consecuente aumento de los límites de la autonomía municipal.

12. Limitar el número y la capacidad de actuación de los cargos de confianza.

13. Limitar drásticamente la sobreclasificación del suelo urbanizable.

14. Eliminar la práctica del convenio urbanístico (una de las mayores fuentes de corrupción, según Transparencia Internacional).

15. Limitar la “excesiva modificación de los planes”.

16. Evitar el acaparamiento de suelo urbanizable “en unas pocas manos privadas”.

17. Evitar el control, directo o indirecto, de las concejalías de urbanismo por parte de los promotores inmobiliarios (esta recomendación también corresponde a la misma organización citada más arriba).

18. Aclarar la definición del interés público.

19. Revisar “los procedimientos de toma de decisiones en el ámbito de la política urbanística con el fin de dificultar la captura de esta política por intereses espurios”.

20. Limitar la facilidad con la que se ha dado paso a la aprobación de desarrollos urbanísticos masivos.

21. Aumentar la exigencia de claridad y argumentación en las memorias de los planes.

22. Incorporar nuevos informes para la aprobación de los planes.

23. Tener “mucho más en cuenta” los objetivos de la sostenibilidad.

24. Incrementar “la lucha contra la arbitrariedad”.

25. Enfatizar “la lucha contra la especulación”, haciendo uso de las figuras de tanteo y retracto, unas instituciones “venerables en cuanto a sus objetivos”, pero muy poco aplicadas.

Como vemos las propuestas son variadas. Nadie piensa que con una sola actuación se resuelva o ataje el asunto. De las 25 propuestas unas son más técnicas (especialmente las 12 propuestas urbanísticas citadas en último lugar, a partir del punto 13) y otras más políticas; unas más sencillas y otras más complicadas de implementar. Pero forman un todo, y debe actuarse desde varios frentes.

Pues bien; en Valladolid, según parece, desde que el fenómeno de la corrupción ha tomado el país y ha adoptado unos perfiles más que preocupantes, sólo se ha actuado en uno de los 25 puntos citados (el 24). Y parcialmente. Nos referimos a la forma de adjudicar las viviendas protegidas, después del caso de la vivienda de Villa del Prado. Se decidió que las nuevas promociones de viviendas protegidas en Valladolid se entregarían por sorteo ante notario, estableciéndose un registro único de beneficiarios en la Junta de Castilla y León. Una buena medida, pero la única adoptada en todos estos años. Varios de los 25 puntos no pueden abordarse exclusivamente desde la instancia municipal. Pero en otros muchos sí es posible hacer algo, bastante e incluso todo. Y no se ha hecho.

Una pena. Cuando el clima social clamaba frente a la corrupción y cualquier medida adoptada en ese sentido habría contado con un fuerte apoyo social, casi nada se ha hecho en tal sentido.

(La foto es de un teclado de ordenador. Pretende aludir a la manipulación de documentos: una imagen algo traída por los pelos, es cierto).