Por calificarlo de alguna forma, podemos decir que el proceso de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid que se ha llevado hasta ahora ha sido insólito, sorprendente y desde luego muy complicado. Después de una extrañísima (y en mi opinión ilegal) aprobación inicial del pasado mes de febrero, en la que finalmente se dijo que ante todo se aprobaba la documentación para “hacer pública la elección del escenario de desarrollo territorial”, se abrió un periodo de cuatro meses de exposición pública y presentación de alegaciones que finalizó el pasado 17 de julio. No voy a explicar ahora los argumentos por los que opino que es manifiestamente ilegal la forma en que se ha actuado hasta el momento, sino que me limitaré a dar cuenta (una vez más) de que en la Concejalía de Urbanismo se ha iniciado un procedimiento de revocación del citado acuerdo de aprobación inicial.

En cualquier caso se han presentado 157 escritos de alegaciones. Unos textos que, a pesar de todas las limitaciones derivadas de los defectos de tramitación antes expuestos y de que no haya habido ningún impulso a la participación pública son, con todo, expresivos de un estado del urbanismo vallisoletano digno de análisis. Un estudio que habrá que hacer con la profundidad que requieren todas las comunicaciones que se hacen al Ayuntamiento, y que se llevará a cabo en las próximas semanas. Pero digamos ahora, por de pronto, que se trata de un número de alegaciones muy reducido para una ciudad del tamaño de Valladolid. Es más, si no consiguiésemos para la próxima aprobación inicial al menos cuadruplicar esa cifra tendríamos, en mi opinión, que considerarlo un fracaso.

Resulta curioso observar las fechas en que se han presentado. En marzo sólo se entregó un escrito (de IU, precisamente). En abril, 3. En mayo, 7. En junio, 11. Y en julio, en la última quincena, todos las demás (134, el 85% del total). De estos últimos se entregaron 100 cuando quedaban solo 4 días para concluir el plazo. Y otros 10 se hicieron llegar fuera de plazo. Viendo estas cifras está claro que se puede hablar de las “alegaciones de julio”, y constatar que no tenemos remedio. Todo, literalmente, para el último día.

También hay que señalar que la mayor parte de las alegaciones presentadas vienen firmadas por particulares (el 40%). Pero no son muchas menos las que suscriben promotores, constructores o grandes propietarios de suelo (el 31%). Lo cual es indicativo del enorme peso de estos últimos “agentes” en el debate urbanístico. Parece mucho más un asunto “especializado” que una preocupación ciudadana. Lo cual debería corregirse. El resto de los escritos presentados corresponde a asociaciones vecinales (solo hay 2 alegaciones de este tipo), ecologistas, asociaciones culturales, fundaciones e instituciones públicas. Solo un partido político ha presentado escritos (Izquierda Unida, por supuesto, con dos escritos).

Las alegaciones se refieren a muchas zonas de la ciudad, aunque no a todas. Algunas tratan de la ordenación de Puente Duero o de La Overuela. Otras corresponden al Norte de la ciudad (áreas industriales y accesos de la ciudad, Rondilla, Girón, Canal de Castilla), al centro (26 en total), centro-sur (Paseo de Zorrilla, Arco de Ladrillo), al Este (14 en Delicias y unas pocas en Pajarillos), al Sur (La Rubia, las Villas, Parque Alameda, Camino Viejo de Simancas, etc.: muy dispersas, pero muy pocas en cada uno de esos barrios o zonas). Sobre el Oeste y sur-oeste (o sudoeste, como se prefiera) también hay alegaciones, pero poquísimas. 12 escritos del total corresponden a áreas industriales. Y 15 a “áreas homogéneas” y sectores urbanizables no desarrollados. Como decíamos, hay barrios y áreas de la ciudad sobre las que no se ha presentado ni una sola alegación. Y también es curioso señalar que en 46 de ellas (el 29%) se reiteren planteamientos que ya se habían hecho con motivo de la exposición del Avance, en el año 2013.

Y aunque en un conjunto variopinto como el que comentamos es difícil sintetizar los contenidos, podemos intentar al menos ofrecer una idea (muy general, es cierto) de lo que se plantea. Es muy llamativo que solo haya 24 escritos que traten de temas generales. Aunque, como dijimos, este periodo de exposición pública se justificó diciendo que había que debatir sobre el “modelo territorial” de Valladolid, no parece que este propósito haya movido mucho a la participación. Porque incluso algunos de esos mismos 24 escritos que tratan temas que afectan a toda la ciudad se refieren a cuestiones muy específicas (que se protejan edificios del listado del DoCoMo Ibérico, por ejemplo; o que se mejoren las condiciones de los usos dotacionales). Lo cual está muy bien, sin duda. Pero observemos que del modelo de ciudad, del significado de la regeneración urbana, del modelo de movilidad o de las formas de la participación urbanística que lleven a que la mayor parte de la población se reconozca en el plan aprobado, por ejemplo, se habla bastante poco.

Algunas alegaciones (9 en total, si no me equivoco) piden sencillamente la corrección de determinados errores advertidos, y unas pocas más (3) solicitan aclaraciones. También algunas instituciones presentan escritos referidos exclusivamente a sus propiedades o a sus específicos intereses territoriales, empezando por Adif y concluyendo con la Confederación Hidrográfica o el Ministerio de Defensa.

Pero el grueso lo constituyen las alegaciones más clásicas, las que reclaman un diseño más favorable a los intereses del demandante: mayores alturas, mejores usos, mejores accesos, menores protecciones, poder ocupar el patio, conseguir mayor edificabilidad, etc. Entre ellas, un nutrido grupo lo constituyen las alegaciones que proponen una mejor clasificación (en bastantes ocasiones se trata de evitar las limitaciones y obligaciones del “suelo urbano no consolidado”, y se pide la consideración de los terrenos como “suelo urbano consolidado”). Y otro grupo también notable es el de quienes piden que se mantengan las condiciones de ordenación actuales, del PGOU vigente, sin modificación alguna. Por último, se pide el mantenimiento de áreas homogéneas de suelo urbanizable en 7 alegaciones. Y la clasificación como suelo rústico en 3 casos.

O sea: no hay novedad. Sin entrar (repito) a fondo en los contenidos, y no solo respetando, sino agradeciendo profundamente el esfuerzo realizado a quienes han redactado los escritos de alegaciones, creo que podemos convenir que estamos recluidos, o encadenados, hasta ahora, en un debate que no toma vuelo. Es lógico que quien tiene una propiedad inmobiliaria intente conseguir las mejores condiciones para su parcela. Es normal que las instituciones se preocupen de sus suelos y de sus competencias. Todo el mundo entiende que la participación se provoca más ante amenazas o pérdidas concretas que en defensa de un modelo teórico y abstracto.

Por eso hay que estimar lo mucho que valen esos 24 escritos generales, que pretenden mejorar la ciudad sin vincularse a intereses concretos. Y es necesario, siguiendo su ejemplo, promover un debate mucho más plural, y en consecuencia más rico, más copioso y fecundo, sobre la ciudad que queremos. En la próxima aprobación inicial hay que conseguir, como dijimos, que se presenten más de 600 escritos. Pero también que al menos la mitad de tales escritos estén preocupados no tanto por una parcela concreta sino por una calle concreta. No por un terreno, sino por un barrio. Y si la ciudad nos resulta demasiado grande, compleja o confusa, abordarla solo desde las orillas, desde los asuntos concretos en que nos manejemos con más soltura. Pero con intención de encararse con la ciudad. “Discúlpeme, / la ciudad es muy grande, sólo / manejo por las orillas”. Probablemente al planeamiento urbano habrá que darle forma, poco a poco, con el espíritu de ese taxista al que se refiere Olvido García Valdés.